En los últimos días ha circulado una propuesta insólita y preocupante; la idea de un grupo local de solicitar al presidente Donald Trump que otorgue la independencia a Puerto Rico mediante una orden ejecutiva. Esta iniciativa no solo es jurídicamente inviable, sino que también representa un acto profundamente antidemocrático que ignora la voluntad expresada por el pueblo puertorriqueño en las urnas una y otra vez.
En primer lugar, es fundamental comprender que la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos está definida por la Constitución de los Estados Unidos y las leyes federales. Cualquier modificación al estatus político de la isla requiere la intervención del Congreso federal, no del poder ejecutivo. La idea de que un presidente pueda, por sí solo, decretar la independencia de un territorio es un absurdo que carece de fundamento constitucional.
Además, la propuesta pasa por alto la realidad política de Puerto Rico. En los múltiples plebiscitos, la opción de la independencia ha obtenido un respaldo mínimo. Por ejemplo, en el referéndum de 2012, 5%, y en 2024 con todas las circunstancias que conocemos de esa elección, solo el 11%.
Impulsar esa barbaridad, además de ignorar estos resultados, es un acto de desprecio hacia la voluntad democrática del pueblo puertorriqueño. Pretender imponer la independencia es una afrenta a los principios básicos de la democracia y una falta de respeto a los ciudadanos que han expresado su deseo de decidir su futuro político de manera participativa y transparente.
Peor aún es que el Partido Independentista no haya tenido la entereza de reclamar respeto al voto de los puertorriqueños a quien quieren convencer de que su ideal es el que el país necesita. La autodeterminación de los pueblos es un derecho fundamental que debe ejercerse de manera informada y consensuada, no mediante imposiciones arbitrarias que ignoran la realidad y los deseos de la población afectada.
En conclusión, la intención de empujar la independencia a la trágala es una iniciativa vergonzosa y antidemocrática. Es esencial que cualquier discusión sobre el futuro político de la isla se base en el respeto a la voluntad de sus habitantes y dentro del marco legal que nos rige. Establecido de manera más sencilla: el que quiera cambios en la situación política de Puerto Rico que busque los votos.