WASHINGTON (AP) — En una extraordinaria muestra de conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó las peticiones de enjuiciar a jueces federales poco después de que el presidente Donald Trump exigiera la destitución de un juez que falló en contra de sus planes de deportación.
“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el enjuiciamiento político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, declaró Roberts en una inusual declaración. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.
En una publicación en redes sociales el martes por la mañana, Trump describió al juez federal de distrito James E. Boasberg como un “alborotador y agitador” no electo. Boasberg emitió recientemente una orden que bloquea los vuelos de deportación al amparo de las autoridades de tiempos de guerra de una ley del siglo XVIII que Trump invocó para llevar a cabo sus planes.
“¡NO GANÓ NADA! YO GANÉ POR MUCHAS RAZONES, EN UN MANDATO ABRUMADOR, PERO LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL PUEDE HABER SIDO LA RAZÓN PRINCIPAL DE ESTA VICTORIA HISTÓRICA”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “Solo hago lo que los VOTANTES querían que hiciera. ¡Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser destituido!”
La publicación de Trump, un criminal convicto, intensificó su conflicto con el poder judicial, que ha sido uno de los pocos frenos a la agresiva agenda de su administración.
Ha criticado habitualmente a los jueces, especialmente porque limitan sus esfuerzos por ampliar el poder presidencial e imponer su amplia agenda al gobierno federal. Sin embargo, su solicitud de juicio político —una medida poco común que suele adoptarse solo en casos de faltas éticas o penales graves— representa un enfrentamiento cada vez más intenso entre los poderes judicial y ejecutivo.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso. Trump proclamó que la ley entró en vigor recientemente debido a lo que, según él, fue una invasión de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Su administración está pagando a El Salvador para encarcelar a presuntos miembros de la pandilla.
Boasberg, quien fue designado por el presidente Barack Obama, convocó una audiencia el lunes para discutir lo que denominó un “posible desafío” a su orden, después de que dos vuelos de deportación continuaran hacia El Salvador a pesar de su orden verbal de que fueran devueltos a Estados Unidos.
Los abogados de la administración Trump defendieron sus acciones, argumentando que la orden escrita de Boasberg no era explícita, mientras que un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirmó: “Creo que nos estamos acercando mucho” a una crisis constitucional.
La Constitución otorga a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una escasa mayoría, la facultad de destituir a un juez con una mayoría simple de votos. Sin embargo, al igual que en un juicio político presidencial, cualquier destitución requiere el voto de una mayoría de dos tercios del Senado.
La última publicación del presidente en redes sociales lo alinea más con aliados como el multimillonario Elon Musk, quien ha hecho demandas similares.
“Lo que estamos presenciando es un intento de una rama del gobierno de intimidar a otra para que no cumpla con su deber constitucional. Es una amenaza directa a la independencia judicial”, declaró Marin Levy, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, especializado en tribunales federales, en un correo electrónico.