La jueza federal, Laura Taylor Swain no dio paso a una petición de los bonistas para levantar la protección de quiebra que ha evitado litigios de cobro contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero ordenó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presente un Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) revisado para el 28 de marzo.
Así se desprende de una orden emitida por la jueza que preside los procesos bajo la Ley Federal PROMESA. La orden fue emitida después de una vista ómnibus celebrada el pasado miércoles.
La JSF también deberá presentar la próxima semana una propuesta de declaración de divulgación.
Actualmente, la AEE enfrenta más de $10 mil millones en reclamaciones de bonistas, incluyendo capital e intereses de deuda en bonos, otras obligaciones de deuda financiadas y otras reclamaciones de acreedores no garantizados. Además, la corporación pública tiene un plan de pensiones con un déficit actuarial de aproximadamente $4.4 mil millones.
La JSF certificó un plan fiscal para la AEE en febrero que establece que el aumento en la tarifa de AEE contemplado en el documento no será suficiente para pagar la deuda en proceso de reestructurarse bajo el Título III de la Ley PROMESA, por lo que la negociación con los bonistas y el pago de las pensiones debe identificar otra fuente de recursos en el gobierno de Puerto Rico.
La certificación de ese plan fiscal dio paso a la petición de los bonistas a la jueza Swain para que levantara la protección de quiebras, pues plantearon no había espíritu de negociación por parte de la JSF.
Sin embargo, en su orden de ayer jueves, la jueza Swain insiste en la negociación sobre todo luego de aprobar el contrato de la firma PJT Partners LP como nuevos asesores financieros del Equipo de Mediación de la AEE.
La jueza también estableció fechas en abril para que lo bonistas presenten reclamaciones administrativas, mientras la JSF podrá replicar estas reclamaciones hasta mayo. Los bonistas han planteado que el colateral de sus préstamos está en riesgo.
En junio del 2024, el circuito de apelaciones de Boston determinó que los bonistas tienen derecho para cobrar los $8,500 millones de dólares en bonos emitidos por la corporación pública, pero solo tendrán acceso a los ingresos netos de la AEE. Sobre cuál es la cantidad de esos ingresos netos, ahora gira la controversia en la que la jueza Swain busca una medicación.