La firma de los primeros dos proyectos de ley de la gobernadora Jenniffer González, relacionados al tema de energía, han provocado interrogantes sobre cómo se implementarán las medidas.
El pasado miércoles, la primera ejecutiva firmó la Ley 1-2025, que actualiza las metas de energía renovable, eliminando las metas intermedias para facilitar una transición más realista y asequible. Según el Gobierno, la obligación de cumplir con las metas intermedias ha impedido que el Negociado de Energía apruebe fuentes de generación más limpias y costo-eficientes.
La medida también extiende hasta diciembre de 2032 la generación de energía a base de carbón, que actualmente representa el 25 por ciento de la demanda energética de Puerto Rico. Según la Gobernadora, en la isla aún no existe una fuente confiable y accesible que sustituya esa capacidad energética.
Por otra parte, la Ley 2-2025 (PC 268) aumenta las multas que el Negociado de Energía puede imponer a los operadores de las Alianzas Público-Privadas, como LUMA Energy y Genera PR, por incumplimientos contractuales.
Al ser consultado por Metro Puerto Rico, el analista político y exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Colberg Toro, cuestionó cómo se implementarán las medidas firmadas por la primera mandataria.
“Con relación a la primera, la pregunta clave aquí es: ¿Cuál es el plan para la sustitución de esa planta? De convertirla de carbón a gas natural. Porque la propia AES ha dicho que esa planta, los equipos que hay allí no se pueden transformar. Hay que construir una nueva planta totalmente distinta en su formato. Así que no es atemperar o ajustar lo que existe a una nueva fuente de energía. Es que hay que hacer una planta totalmente nueva”, expresó Colberg Toro.
Además, señaló que el costo de transformar la planta podría ascender hasta 850 millones y que se debe identificar de donde saldrá ese dinero.
“La duda que puede haber es que los procesos de sanciones y de penalidades o de incumplimiento están establecidos en los contratos. La pregunta es si la legislatura puede cambiar el monto de las sanciones a un contrato que está vigente. Si el contrato no aborda sobre eso, pues es un inconveniente. Pero si el contrato establece cuáles van a ser las multas o el máximo de multas, pues eso se le aplicará de manera prospectiva. O sea, la legislatura no puede meter contrato dentro de las partes. Si el contrato no lo aborda”, apuntó.
Mientras, que el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, aseguró que es positivo el cambio a energía renovable.
“En los años que han pasado de que se aprobó esa limitación de tiempo, el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos no han tomado todos los pasos necesarios para reducir la petisología, que permitiera que se pudiera aprobar obras que sustituyeran los 450 megavatios que produce la planta AES. Así que sería un suicidio económico cerrar la planta antes de tener el sustituto para generar la electricidad que esa planta genera. Y que entonces crearía un aumento en los apagones”, explicó a Metro Puerto Rico.
De otra parte, McClintock aseguró que las multas se pueden poner desde la fecha vigente de las enmiendas.
“Los contratos son acuerdos entre las partes. Así que yo creo que los aumentos de multas, salvo que la ley diga lo contrario, se pueden imponer desde la fecha de vigencia de esas enmiendas, cuando quiera que eso sea. Por otra parte, en esa actitud de legislar de forma realista, pues lo que pueden haber sido las multas que se impusieron hace tres cuartas partes de una década atrás, pues si son multas que no disuaden a las entidades multadas, pues deben ser aumentadas. Porque el propósito de una multa no es el de recaudar intereses. El propósito de una multa es el de disuadir a la persona que estaría sujeta a la multa para que esa persona o esa entidad tome acciones para evitar incurrir en un delito”, concluyó.