El acceso a servicios médicos de aborto es un derecho fundamental que garantiza la salud, dignidad y autonomía de todas las mujeres, niñas y personas gestantes. Por tanto, leyes que requieran el consentimiento parental para que las jóvenes embarazadas accedan a dichos servicios, atentan contra sus derechos humanos a la vida, dignidad, salud, privacidad, seguridad y planificación familiar. Así lo demuestran distintos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Toda medida que imponga condiciones y restricciones que resulten en la negación o el retraso de un aborto médico oportuno y seguro fuerza a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros que ponen en riesgo su vida y salud. Una de estas iniciativas es el Proyecto del Senado 297 (PS297), que propone requerir, entre otras cosas, el consentimiento parental y referidos automáticos a las autoridades solamente cuando las jóvenes embarazadas menores de 16 años soliciten servicios médicos para abortar; no así para el mismo grupo de jóvenes que lleven a término su embarazo y soliciten cuidados médicos pre y posnatales. Este nefasto proyecto fue aprobado en Senado -sin vistas públicas- con los votos en contra de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
A preguntas nuestras durante las vistas públicas del PS297 ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, la Oficina de la Procuradoras de las Mujeres y el Departamento de Seguridad Pública no pudieron dar una respuesta de cómo promueve el alegado interés de protección a la niñez, este trato desigual a un mismo grupo de jóvenes. Tampoco supieron responder si la “entrevista forense” de abuso sexual, exigida como prerrequisito al consentimiento parental, pudiera tener implicaciones en los esfuerzos interagenciales sobre el manejo adecuado y eficiente de los casos de maltrato a la niñez para evitar su revictimización y en el acceso oportuno a un aborto médico seguro.
El PIP denuncia que el PS297 no regula el aborto. Más bien, es una forma de violencia de género institucional, con impacto desproporcionado en las poblaciones negras y pobres. Nuestra delegación continuará con su oposición a esta medida y a cualquier otra que pretenda negar o imponer restricciones al acceso legal, seguro y oportuno a servicios médicos para la salud sexual y reproductiva.