Las órdenes ejecutivas del presidente Trump que penalizan a tres bufetes de abogados, Covington & Burling, Perkins Coie y Paul Weiss, amenazan la estructura constitucional que los redactores de la Constitución imaginaron. Aunque las órdenes se refieren al poder ejecutivo, incluida la eliminación de las autorizaciones de seguridad de los empleados de estos bufetes, la prohibición del acceso a los edificios gubernamentales y la imposición de límites únicos en cuanto a los contratos federales, constituyen una expansión impactante del poder de la Casa Blanca.
En una notable opinión emitida apenas 24 horas después de que la firma Perkins Coie presentara una petición en los tribunales, la jueza Beryl A. Howell otorgó una orden de restricción temporal en cuanto a partes de la Orden Ejecutiva. Específicamente, señaló que Perkins sufrió un daño irreparable por la orden del presidente y que el bufete de abogados probablemente prevalecería en varios de sus reclamos. La objeción más importante fue una que la jueza Howell planteó astutamente, aunque Perkins no lo había hecho en su escrito: la orden constituye lo que en inglés se conoce como un “bill of attainder”, lo cual está explícitamente prohibido por la Constitución. De hecho, según su análisis, es probable que las tres órdenes ejecutivas emitidas respectivamente contra los bufetes lo sean.
Un “bill of attainder” no es otra cosa que una ley que impone un castigo sin juicio a personas específicas de manera retroactiva. La orden no cita ley alguna que el bufete Perkins Coie haya violentado, sino que critica ciertos actos que la administración de Trump alega ocurrieron, que se remontan a la campaña presidencial de 2016. Al igual que un “bill of attainder”, las órdenes ejecutivas de Trump en cuanto a estos bufetes se apropian del poder judicial de la facultad constitucional de determinar la culpabilidad e imponer el castigo.
Los redactores de la Constitución prohibieron explícitamente los ‘bills of attainder’ porque, partiendo de la experiencia en Inglaterra con las determinaciones de los reyes, entendían que tales poderes judiciales, puestos en manos de los legisladores o del Ejecutivo, eran frecuentemente abusados.
Aunque la orden ejecutiva de Trump contra Perkins Coie parte de la premisa de que pretende proteger la seguridad nacional, parece más bien simple y llanamente un acto de venganza. De hecho, la jueza Howell dejó claro que el lenguaje de la orden “es un medio para tomar represalias” contra la empresa y decretó que la ofensiva de Trump contra Perkins Coie se debía a que dicho bufete aceptaba “clientes que son oponentes políticos del presidente o que no le agradan al presidente”.
Por su parte, la administración Trump argumentó que, debido a que la prohibición de la Constitución contra los ‘bills of attainder’ aparece en el Artículo I, que establece los poderes del Congreso, se aplica solo a los legisladores y no al presidente, cuyos poderes provienen del Artículo II. Sin embargo, la jueza Howell no estuvo de acuerdo con dicho argumento, señalando, por su parte, que los redactores la Constitución no anticiparon la prevalencia actual en Washington D.C. de las órdenes ejecutivas que tienen fuerza de ley, y, por ende, no podía concebir razón alguna para que la prohibición se aplicara solo a los actos del Congreso.
A fin de cuentas, es probable que Perkins Coie prevalezca con argumentos sobre la violación del debido proceso de ley y/o la libertad de expresión, pero lo que Trump ha hecho es peor que limitar cualquiera de esos derechos constitucionales. Una orden ejecutiva de esta índole simple y sencillamente coloca los poderes de las tres ramas gubernamentales en manos de un solo hombre. Tal y como escribió James Madison en el Federalist nº 47: “La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos […] no constituye otra cosa que la definición misma de la tiranía”.