El gobierno de Puerto Rico debe comenzar a delinear estrategias para reducir el daño económico y social previsible que podría sufrir la isla durante los próximos tres años y diez meses producto de las políticas del régimen de Donald Trump.
Así advierte el Centro para una Nueva Economía (CNE) en un informe de Política Pública que sintetiza las perspectivas de académicos y analistas de política pública y ofrece su propia evaluación sobre el efecto que los posibles escenarios para la isla bajo las polémicas órdenes ejecutivas promulgadas por Trump.
El CNE plantea que las órdenes pueden tener consecuencias de gran alcance, especialmente en lo que respecta a asuntos fiscales, asistencia por desastres y prioridades de política pública que afectan a Puerto Rico.
Sergio M. Marxuach, director de Política Pública de CNE, subrayó la importancia del financiamiento federal para la recuperación de la isla, particularmente después de los huracanes, terremotos y la pandemia de COVID-19.
“El financiamiento federal ha sido esencial para reconstruir la infraestructura de Puerto Rico, apoyar su sistema de salud y garantizar oportunidades educativas para sus residentes,” afirmó Marxuach. “Cualquier recorte significativo a estos recursos afectaría directamente a las comunidades más vulnerables de la isla y pondría en peligro el progreso logrado en los últimos años”.
Aunque reconoce que al momento ninguna orden ejecutiva ha identificado o enfocado programas o fondos gubernamentales destinados específicamente a Puerto Rico, el informe advierte que los gobiernos estatales y municipales, así como ciertas ONG, podrían verse afectados negativamente, dado que ya se les habían asignado fondos federales para iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), proyectos de energía verde o programas de cambio climático, todos los cuales parecen estar entre los principales programas federales que deben eliminarse de inmediato.
El informe destaca el impacto sobre los empleados federales que trabajan y residen en Puerto Rico y que han sido objeto de despidos, al igual que sus homólogos en Estados Unidos. “Estas reducciones en el empleo federal tendrían un impacto negativo en la economía puertorriqueña, así como en la disponibilidad de ciertos servicios federales en la isla, dependiendo de la magnitud de los recortes y las agencias específicas afectadas”.
También se menciona que muchas empresas del sector privado en Puerto Rico reciben pagos con fondos federales por bienes y servicios que proveen a agencias estatales de Puerto Rico como contratistas, proveedores o comerciantes. “Por lo tanto, recortes significativos en el gasto federal en Puerto Rico tendrían un efecto negativo directo en estas empresas, así como un impacto indirecto, en la medida en que una reducción en la actividad económica general disminuye aún más la demanda de sus bienes y servicios”.
El informe del CNE resume tres áreas clave para Puerto Rico
Fondos de Recuperación Posdesastre: Puerto Rico ha recibido miles de millones en fondos de recuperación de desastres, pero la posibilidad de que el gobierno federal pueda revocar fondos ya comprometidos pone en duda la continuidad de los esfuerzos vitales de reconstrucción. La pérdida de fondos podría retrasar o detener los proyectos de recuperación que están en curso e impactar negativamente la economía de Puerto Rico.
Fondos de Medicaid: El programa Medicaid de la isla, que depende en gran medida de los fondos federales, es la vía principal de acceso al sistema de salud para los residentes de bajos ingresos en Puerto Rico. Cualquier reducción en estos fondos afectaría directamente los servicios médicos de 1.5 millones de beneficiarios en Puerto Rico, poniendo presión sobre un sistema de salud frágil y empeorando los desafíos fiscales del gobierno central.
Educación: Con aproximadamente $2,400 millones en fondos federales que sostienen el sistema de educación pública de Puerto Rico, cualquier reducción podría poner en peligro el futuro de sus estudiantes.
“Nos guste o no, existe una profunda interconexión entre la prestación de servicios esenciales en Puerto Rico y la política pública federal. Por tanto, nuestros gobernantes deben mantenerse vigilantes para salvaguardar nuestros intereses”, continuó Marxuach.
“Un cambio en las prioridades federales podría tener un impacto desproporcionado en la recuperación de Puerto Rico y en la prestación de servicios esenciales a su población, agravando los desafíos existentes y afectando negativamente nuestra economía”.
Impacto de los aranceles
Junto al informe, el CNE publicó un escrito del investigador Enrique Figueroa Guillasca, en el que comenta sobre la guerra comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
Figueroa Guillasca aclaró que anticipar los efectos de la imposición de aranceles no es una tarea compleja dado el clima actual de incertidumbre.
No obstante, apuntó que a medida que se desarrollen los acontecimientos y se estabilicen las políticas, será más factible determinar los efectos de estos aranceles.
En esa línea, el investigador puso un ejemplo para comprender la relación comercial entre Puerto Rico, Canadá y México.
“Puerto Rico importa un volumen significativo de bienes de Canadá y México, tanto como productos finales para el consumo —como papas canadienses por valor de 72 millones de dólares o cerveza mexicana por valor de 26 millones de dólares— como insumos intermedios para la manufactura local, incluyendo compresores mexicanos por valor de 24 millones de dólares.
Advirtió que cualquier aumento de aranceles afectará los precios de los bienes, el empleo y la producción económica. “Sin embargo, predecir el impacto preciso es difícil debido a su dependencia de las respuestas de consumidores y productores, que a su vez dependen de la elasticidad de los ingresos y los precios, la disponibilidad de bienes sustitutos y los cambios en las estrategias de producción”.
“No obstante, estos aranceles, de volverse permanentes, marcarían un cambio importante en la política económica estadounidense y tendrían consecuencias globales. Los efectos finales, no obstante, dependerán de las políticas que adopten todos los países involucrados y de cómo se adapten los mercados en respuesta”, sostuvo Figueroa Guillasca.