La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó el jueves a las acusaciones federales contra los hermanos del representante Jorge Navarro Suárez.
“Todas aquellas personas que hayan cometido fraude con el uso de fondos federales tienen que pagar, porque yo no puedo poner en riesgo que la gente humilde y la gente que necesita esas ayudas no las reciba, porque hubo una persona que decidió aprovecharse ilícitamente de esos beneficios. No puede ser. Así que, obviamente, el gobierno federal tendrá que demostrar la culpabilidad, la intención de defraudar al gobierno federal, y esos casos se verán. Pero nosotros, el gobierno de Puerto Rico, tiene que combatir el fraude también. Tenemos fraude en distintas áreas, en el Departamento del Trabajo, y ¿qué hace eso? Le quita fondos a gente que de verdad lo necesita. Así que yo lamento muchísimo por las personas que ya han sido señaladas. Tienen su turno para demostrar su inocencia y, una vez ese proceso termine, pues nosotros lo revisaremos”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.
Al preguntarle si ha conversado con el representante Navarro Suárez, contestó que “no he tenido la oportunidad de conversar con él. Pero aquí nadie, porque tenga un funcionario electo —alcalde, legislador o jefe de agencia— está exento de cumplir con la ley. Aquí todo el mundo tiene que cumplir con la ley. Metieron la mano, tienen que pagar igual”.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció la radicación de cargos contra los empresarios Edgardo Navarro Suárez, Ricardo Luis Navarro Suárez y el CPA Ramón Valentín Montalvo. Se alega que sometieron 26 solicitudes fraudulentas a la SBA y a un banco por un total de 2,238,747 dólares entre 2020 y 2021.
“¿Y cómo era el esquema en este caso? Los acusados Edgardo Navarro Suárez, su hermano Ricardo Luis Navarro Suárez, el contador público autorizado Ramón Valentín Montalvo y las compañías JCA Development Inc., JCA Packaging Group, RVIP Group y JCA Industrial Supply Corp. idearon a sabiendas un plan para defraudar y obtener dinero y propiedades de la SBA y del Banco Uno mediante falsas y fraudulentas representaciones y promesas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP disponibles para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia.
Según la acusación, los imputados y sus cómplices entregaron, ofrecieron y prometieron de forma corrupta al menos 69 mil 500 dólares en pagos (sobornos) a un empleado del Banco Uno para influenciarlo y recompensarlo por su ayuda en la tramitación y el desembolso de los fondos PPP y EIDL.
Además, los acusados y sus cómplices reclutaron a otros para obtener fraudulentamente ayudas EIDL y PPP”, expuso el fiscal federal en conferencia de prensa.