DORAL, Florida, EE.UU. (AP) — Wilmer Escaray dejó Venezuela en 2007 y se inscribió en el Miami Dade College, antes de abrir su primer restaurante seis años después. Ahora tiene una docena de negocios que contratan a migrantes venezolanos como él lo fue alguna vez, trabajadores que ahora están aterrorizados por lo que podría ser el fin de su protección legal contra la deportación.
Desde principios de febrero, el gobierno de Trump ha puesto fin a dos programas federales que juntos permitieron a más de 700.000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, al igual que cientos de miles de cubanos, haitianos y nicaragüenses.
En la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, la gente teme lo que podría enfrentar si las demandas que buscan detener al gobierno fracasan. Es de lo único que se habla en “Little Venezuela” o “Doralzuela”, una ciudad de 80.000 personas rodeada por la expansión de Miami, autopistas y los Everglades de Florida.
Temores de deportación en Doralzuela
Las personas que pierdan sus protecciones tendrían que permanecer ilegalmente con el riesgo de ser deportadas o regresar a casa, una ruta poco probable dada la agitación política y económica en Venezuela.
“Es de verdad bastante lamentable perder ese capital humano, porque hay personas que hacen trabajo aquí, que otras personas no lo van a hacer”, expresó Escaray, de 37 años, en uno de sus restaurantes, “Sabor Venezolano”.
El español es más común que el inglés en los centros comerciales a lo largo de las amplias avenidas de Doral, y los venezolanos sienten que están de vuelta en casa pero con más seguridad y comodidad.
Un dulce aroma se desprende de las arepas redondas y planas de maíz que se venden en muchos establecimientos. Las tiendas en las estaciones de servicio venden harina y queso blanco utilizados para hacer arepas y camisetas y gorras con las franjas amarilla, azul y roja de la bandera venezolana.
Nuevas vidas en riesgo
John llegó de Venezuela hace nueve años y compró una empresa de construcción en crecimiento con un socio. Él y su esposa están bajo el Estatus de Protección Temporal, o TPS, que el Congreso creó en 1990 para personas en Estados Unidos cuyos países de origen se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles. Los beneficiarios pueden vivir y trabajar mientras dure la situación, pero el TPS no ofrece un camino hacia la ciudadanía.
Nacida en Estados Unidos, su hija de cinco años es ciudadana. John, de 37 años, pidió ser identificado solo por su primer nombre por temor a ser deportado.
Su esposa ayuda con la administración en su negocio de construcción mientras trabaja como agente de bienes raíces. La pareja le dijo a su hija que podrían tener que dejar Estados Unidos. Venezuela no es una opción.
“Nos duele que el gobierno nos dé la espalda”, dijo John. “No somos personas que vinimos a delinquir, vinimos a trabajar, a construir”.
Un juez federal ordenó el 31 de marzo que el estatus de protección temporal se mantuviera hasta la próxima etapa del proceso de impugnación en la corte y al menos 350.000 venezolanos se salvaron temporalmente de perder su autorización para estar en el país. Escaray, el dueño de los restaurantes, dijo que casi todos sus 150 empleados son venezolanos y más de 100 están amparados por el TPS.
Por su parte, otro programa federal de inmigración que permitió a más de 500.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos —el permiso humanitario para permanecer en el país— expira el 24 de abril a menos que haya una intervención judicial.
Política migratoria
Los venezolanos fueron uno de los principales beneficiarios cuando el expresidente Joe Biden amplió drásticamente el TPS y otras protecciones temporales. Trump intentó cancelarlas en su primer mandato y ahora en su segundo.
El fin de las protecciones temporales ha generado poca reacción política entre los republicanos, excepto por tres representantes cubano-estadounidenses de Florida que pidieron evitar las deportaciones de los venezolanos afectados. Mario Díaz Ballart, Carlos Gimenez y Maria Elvira Salazar han instado al gobierno a evitar la deportación de venezolanos sin antecedentes penales y revisar a los beneficiarios del TPS caso por caso.
La alcaldesa de Doral, hogar de un club de golf de Trump desde 2012, escribió una carta al presidente pidiéndole que encuentre un camino legal para los venezolanos que no han cometido delitos.
“Estas familias no quieren limosnas”, dijo Christi Fraga, hija de exiliados cubanos. “Quieren una oportunidad para seguir trabajando, construyendo e invirtiendo en Estados Unidos”.
La élite de un país, seguida por la clase trabajadora
Aproximadamente ocho millones de personas han huido de Venezuela desde 2014, estableciéndose primero en países vecinos de América Latina y el Caribe. Después de la pandemia de COVID-19, cada vez más pusieron su mirada en Estados Unidos, caminando a través de la notoria selva en Colombia y Panamá o volando a Estados Unidos con un permiso humanitario con un patrocinador financiero.
En Doral, profesionales y empresarios de clase media alta llegaron para invertir en propiedades y negocios cuando el socialista Hugo Chávez ganó la presidencia a finales de la década de 1990. Les siguieron opositores políticos y empresarios que establecieron pequeños negocios. En los últimos años, más venezolanos de bajos ingresos han venido a trabajar en industrias de servicios.
Son médicos, abogados, esteticistas, trabajadores de la construcción y limpiadores de casas. Algunos son ciudadanos estadounidenses naturalizados o viven en el país ilegalmente con hijos nacidos en Estados Unidos. Otros se quedan más tiempo del permitido por sus visas de turista, buscan asilo o tienen alguna forma de estatus temporal.
Miles de personas llegaron a Doral mientras el Aeropuerto Internacional de Miami facilitaba décadas de crecimiento.
Frank Carreño, presidente de la Cámara de Comercio Venezolano Americana y residente de Doral desde hace 18 años, dijo que hay un ambiente de incertidumbre.
“¿Qué va a pasar? La gente no quiere volver o no puede volver a Venezuela”, señaló.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.