La secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, afirmó que no existe un conflicto de interés entre ella y su esposo, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. No obstante, ambos solicitaron a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) un mecanismo de inhibición para evitar cualquier percepción de favoritismo. Ferraiuoli aún espera el visto bueno del ente regulador.
Las expresiones surgieron durante su vista de confirmación en la Cámara de Representantes, donde el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, cuestionó si esta inhibición prolongada contraviene el espíritu de la Ley de Ética Gubernamental. Márquez señaló que la ley prevé la inhibición como una medida excepcional, no como una práctica constante por un cuatrienio completo.
Ante eso, Ferraiuoli enfatizó que las funciones de la secretaría de Estado y de la Gobernación no riñen éticamente, ya que en el pasado funcionarios como Sila María Calderón han ocupado ambos puestos.
“No hay un conflicto inherente en esos dos cargos […] Número dos, no hay ningún conflicto. A nosotros no se nos solicitó que estableciéramos mecanismos de inhibición, lo hicimos motu proprio para dejar claro que no se beneficiará uno o el otro […] El conflicto de interés surge cuando se toman decisiones en beneficio de otra persona y el mecanismo de inhibición es para que nadie pueda decir que nadie está tomando decisión para beneficiar a mi esposo o a mí”, respondió la abogada.
El mecanismo de inhibición de Ferraiuoli fue solicitado la semana pasada a la OEG, según ella respondió a preguntas del representante popular, Héctor Ferrer.
En el caso de Domenech, ya la OEG aprobó la comunicación sobre la inhibición. La designada sostuvo que no debe haber problema con el de ella porque es básicamente el mismo documento.
No radicó planillas
Otro de los temas que surgió durante la vista pública cameral fue la admisión de la designada de que en los años 2021 y 2022 no rindió las planillas de contribución sobre ingresos. Ferraiuoli reconoció que, aunque la responsabilidad es del contribuyente, su contable en aquel momento obvió la radicación porque interpretó que por ser salarios federales no debía radicar planillas en Puerto Rico.
Sin embargo, la abogada dijo que en una revisión de SURI se dio cuenta de la falta de radicación de planillas y las radicó. A preguntas de la representante del PIP, Adriana Gutiérrez, la nominada dijo que remedió el asunto en noviembre del 2024.
Mientras, que a preguntas de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, la nominada descartó que no se haya dado cuenta de la omisión por tener dos trabajos. “La realidad es que yo siempre asumí que se había hecho como dios manda. Yo pagué, y sí, es mi responsabilidad como contribuyente y déjeme decirle que lo pagué no solamente con dinero sino con vergüenza”, dijo Ferraiuoli.
La designada también aclaró que su salario de $200 mil es por el trabajo como directora de la Autoridad para el Distrito de Convenciones y que el monto lo determinó la Junta de directores. Ferraiuoli dijo que como secretaria de Estado no tiene salario.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés, no dio paso a una moción del representante Ferrer para solicitar la minuta de la Junta de directores de la Autoridad para el Distrito de Convenciones sobre la determinación del salario de Ferraiuoli. La designada dijo que entendía que su esposo delegó en otra persona su participación en esa reunión como miembro de la Junta de directores de la Autoridad para el Distrito de Convenciones.
Tampoco se dio paso a la petición de Ferrer para que se solicitara el informe de background check sobre Ferraiuoli.
Investigación federal
La representante Burgos cuestionó a la nominada sobre un documento de abril del 2024 que le llegó y que describió como un referido a las autoridades federales. Ferraiuoli dijo desconocer el documento, pero especuló que se trata de un asunto que se presentó durante la campaña electoral y que la persona que haría el referido desconocía sobre el reglamento de la Asamblea Legislativa que permite a funcionarios también contratar con otras entidades.
Tanto Burgos, como Ferrer y Márquez lamentaron que poco tiempo que tuvieron los representantes para evaluar los documentos radicados por la designada. Incluso, la representante de Proyecto Dignidad cuestionó que Ferraiuoli no se haya reunido con portavoces de otras delegaciones que no fueran del Partido Nuevo Progresista.