La propuesta legislativa de la gobernadora Jenniffer González Colón para establecer guías de fianzas mandatorias levantó críticas desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, quienes advirtieron que esta medida violenta derechos constitucionales y afectaría desproporcionadamente a las personas de escasos recursos.
“La reciente noticia sobre un proyecto de ley presentado por la Gobernadora de Puerto Rico para establecer guías de fianza mandatoria genera gran preocupación”, expresó Donald Milán Guindin, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio. Según explicó, existe una percepción errónea de que la fianza es un castigo o una garantía de que el acusado permanecerá en la cárcel, cuando en realidad su único propósito es asegurar la comparecencia del imputado ante el tribunal.
Milán Guindin recordó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que la mayoría de las personas acusadas de delito provienen de sectores empobrecidos y, por tanto, carecen de recursos para pagar fianzas elevadas. “La mayor parte de los imputados en Puerto Rico son personas indigentes, sin propiedades ni dinero para prestar la fianza o contratar representación legal privada”, señaló, al destacar que en muchos casos el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) recomienda alternativas como grilletes electrónicos u horarios restrictivos de salida.
El abogado también recalcó que la Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho absoluto a la fianza en todos los casos, y que imponer cuantías fijas eliminaría la facultad judicial de evaluar cada caso individualmente. “Un sistema de fianzas fijas impide que se cumpla el mandato constitucional de la imposición de fianzas no excesivas y privaría a los jueces de su discreción para imponer fianzas a base de las circunstancias particulares de cada individuo”, sostuvo.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Vivian Godineaux Villaronga, enfatizó que el proyecto representa una clara violación a la Constitución de Puerto Rico. “Este proyecto viola el mandato constitucional que garantiza el derecho absoluto a la fianza en todos los casos y no en algunos delitos graves como pretende limitarlo la Gobernadora”, dijo. Añadió que el pueblo de Puerto Rico ha rechazado en dos ocasiones —mediante referéndums— intentos de restringir el derecho a la fianza.
Ambos juristas advirtieron que, de aprobarse la medida, muchos imputados serían encarcelados preventivamente por no poder pagar, lo que supondría una carga adicional para el sistema penitenciario y un retroceso en materia de derechos civiles.
*Esta nota se trabajó con la ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial.