Un proyecto de la Cámara de Representantes propone extender por tres años la vigencia de certificaciones de historial delictivo de proveedores de servicios que trabajan con poblaciones vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con diversidad funcional, en una misma entidad.
El Proyecto de la Cámara 350, evaluado en vista pública por la Comisión de Salud de ese cuerpo, enmendaría la Ley 300 del 1999, que ahora dispone solo un año de vigencia a certificaciones emitidas por el Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe). El propósito es disminuir costos y trámites adicionales tanto para los proveedores como para las agencias gubernamentales.
Si bien el Departamento de Justicia (DJ) y de Salud (DS) avalaron el proyecto, ambas proveyeron sugerencias como, en el caso del DJ, representado por la licenciada Vivian Cátala, revisiones continuas para detectar cambios en el historial de proveedores y utilizar registros públicos estatales y federales como herramientas constantes de verificación.
Por su parte, el doctor Víctor Ramos Otero, secretario del DS, recomendó que, luego del primer año de servicio, el proveedor se acoja a un sistema conocido como “Rap Back” por dos años adicionales, si continúa en la misma organización. Este mecanismo permite que, una vez tomadas las huellas dactilares digitales, el sistema notifique automáticamente si la persona incurre en alguna actividad delictiva, sin necesidad de repetir todo el proceso de verificación.
“El balance entre eficiencia y seguridad es crucial. No podemos permitir que los procesos se vuelvan una barrera, pero tampoco podemos bajar la guardia en la protección de nuestra gente más vulnerable”, afirmó Ramos Otero.
El DS también destacó que una asignación federal de $2.9 millones fue destinada a la implementación del Programa de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Puerto Rico (PRBCP, en inglés) y que cualquier enmienda debe cumplir con las exigencias de ese programa.
Lourdes Borres, directora de la Sección del Puerto Rico Background Check de Salud, sugirió que el uso del “Rap Back” se extienda a profesionales de la salud y patronos como parte de un sistema moderno y efectivo.
El representante José “Cheito” Hernández Concepción cuestionó la función del DJ en el trámite de la toma de huellas dactilares, a lo que Borres aclaró que esa agencia no tiene participación directa en el proceso, más allá de la contratación de la empresa Biometrics, encargada del sistema de captura de información biométrica. Denunció además que esta compañía no cuenta con empleados y opera como intermediaria.
El presidente de la Comisión de Salud, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, calificó como “incomprensible” que una empresa sin personal cobre $70 por un trámite que, en su opinión, podría ser realizado por el propio DS.
La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) también presentó una ponencia en la que propuso que, si se extiende el término de las certificaciones, se establezca algún trámite intermedio para verificar que la persona no tenga nuevos antecedentes penales.
“La flexibilidad no puede ser a expensas de la seguridad y bienestar de una persona con impedimentos. La seguridad de nuestras comunidades vulnerables no es negociable”, expresó el licenciado Juan J. Troche Villanueva, defensor de las Personas con Impedimentos.