En un mundo donde la información personal se ha convertido en uno de los activos más valiosos, proteger los datos de los ciudadanos no es solo una responsabilidad tecnológica, sino también legal y ética. En Puerto Rico, desde 2005, contamos con una herramienta fundamental: la Ley para la Seguridad de la Información Personal en los Bancos de Datos (Ley 111 de 2005).
Esta ley, pionera en su momento, impone a toda entidad pública o privada que mantenga bases de datos con información personal, la obligación de notificar sin dilación cualquier violación de seguridad o que exponga datos no cifrados. Entre la información protegida, se encuentran números de seguro social, licencias, cuentas bancarias, contraseñas, datos médicos o contributivos. La ley también requiere que se notifique al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) dentro de los diez días del incidente, para que este lo divulgue públicamente en 24 horas.
Sin embargo, el panorama actual exige mucho más que cumplir con requisitos mínimos. La velocidad con la que evoluciona la tecnología y la sofisticación de los ataques cibernéticos nos obligan a repensar nuestras leyes. Al hacer ese análisis, es imperativo concluir que, aunque importante, ya no es suficiente.
Puerto Rico necesita revisar y modernizar su marco legal sobre privacidad de datos, fortalecer la capacidad de fiscalización del gobierno, ampliar los derechos de los consumidores para proteger su información personal, y establecer con claridad conceptos esenciales como el consentimiento informado, el uso limitado de datos (data minimization) y el derecho al acceso, corrección y eliminación de información. También, es urgente crear mecanismos accesibles de reclamación para los ciudadanos, establecer sanciones proporcionales y disuasivas ante incumplimientos, educar tanto al sector público como privado sobre sus deberes, y sobre todo, hacer cumplir estas normas de forma efectiva.
La privacidad no es un detalle técnico, es un derecho humano. Y en un futuro cada vez más digital, proteger los datos es proteger nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra dignidad.