La gobernadora, Jenniffer González, justificó las prórrogas solicitadas por ella y sus dos secretarios de gabinete más cercanos a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para entregar informes requeridos por ley sobre su situación financiera al asumir los cargos públicos.
Ni González, ni la secretaria de Estado Verónica Ferraiouli, ni el esposo de esta y secretario de la Gobernación, Francisco Domenech han radicado los informes de Toma de Posesión ante la OEG. La entidad fiscalizadora confirmó que se solicitó una prórroga por parte de los funcionarios y que el plazo para radicar vence el 2 de mayo próximo.
“Yo soy una es que todavía estoy cumplimentando el mío (informe de Ética) porque tengo que llenar una federal, también una estatal, y estoy ahora mismo con una prórroga de la Oficina de Ética Gubernamental para poder cumplir con ese informe. Y así hay muchos que están llegando a una función. Tienes que hacer la transición. En el caso de la licenciada Ferraiouli, era empleada federal, en el caso mío también era empleada federal, así que cada cual tiene su justificación y la ley nos permitió unas prórrogas. Pero tenemos que cumplir como como tienen que cumplir todos los funcionarios públicos. Así que aquí nadie está por encima de eso”, dijo la Gobernadora en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.
La secretaria de Estado se encuentra bajo la mira pública luego que saliera a relucir en sus vistas de confirmación cameral que no rindió planillas de contribución sobre ingresos en los años 2021 y 2022. También se criticó su tardanza en someter los informes requeridos para su confirmación ante la Legislatura. Sobre esto, dijo ante la Cámara de Representantes que se debió a la complejidad de compilar la información. Afirmó que su familia ha podido tener “movilidad económica gracias a nuestro trabajo arduo”. Agregó que en el informe se incluyen los datos sobre la transacción de negocios que hizo su esposo al vender sus acciones en la firma de cabildeo Politank. A preguntas de la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, la nominada dijo que su esposo vendió sus acciones en la firma de cabildeo, no la empresa.
Sin embargo, aún no hay un informe radicado ante la OEG que pueda ser revisado por el público.
Otros jefes de agencia ya han cumplido con el requisito de la Ley de Ética Gubernamental.
La Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (Ley 1-2012) establece que todas las personas que trabajan en la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa deben entregar informes, sobre sus finanzas desde el año natural anterior a la fecha en que comenzó en el cargo.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló en febrero que el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, eliminó información esencial de los resúmenes de los informes financieros de los servidores públicos que publica la agencia en su página electrónica, lo que dificulta la fiscalización pública sobre los haberes de los funcionarios que — por el tipo de servicio que prestan — están obligados a rendir cuentas sobre sus finanzas.
La información pública ahora solo incluirá los totales de ingresos, los pasivos, activos y otras transacciones del servidor público, pero esconde la cantidad de dinero por cada transacción. El cambio se dio en el mes electoral de noviembre, pero Pérez Vargas afirmó en entrevista con el CPI que no respondió a ninguna presión de candidatos, funcionarios entrantes o salientes ni partido político.
Otro funcionario que aún no somete su informe a la OEG es el director del COR3, Eduardo Osiris Rivera, según publicó hoy el periódico El Vocero.