La demanda presentada por la familia de Ivette Joan Meléndez contra el Estado por la excarcelación del confinado Hermes Ávila Vázquez, quien asesinó a la mujer mientras estaba bajo supervisión electrónica, volvió a colocar al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en el ojo público.
Aunque los hechos ocurrieron bajo la administración anterior, la responsabilidad legal ahora recae en la actual, liderada por el secretario Francisco A. Quiñones Rivera.
Durante una entrevista con Milly Méndez en Radio Isla 1320, Quiñones Rivera confirmó que todavía no se ha recibido el emplazamiento formal de la demanda, pero aseguró que el DCR se mantendrá trabajando de la mano con la secretaría de Justicia.
“Asumimos todas las obligaciones, esta es una de ellas. Lo vamos a atender responsablemente”, dijo el funcionario.
La demanda se suma a otros asuntos pendientes vinculados al mismo caso, como la situación de ocho empleados despedidos tras la excarcelación de Ávila Vázquez.
Quiñones explicó que todavía no se ha tomado una determinación final sobre sus posibles reinstalaciones, ya que el asunto continúa ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
“Ellos apelaron. Está en ese trámite. No se descarta nada, pero ambas partes están debidamente representadas”, puntualizó.
Sin embargo, la presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez Santini, criticó a la administración correccional, señalando específicamente a miembros del equipo de trabajo del secretario como responsables, directos o indirectos, de la negligencia en este caso.
“Él tiene en su equipo personas que fueron cómplices o indujeron a negligencia. Los compañeros que fueron destituidos por este caso simplemente siguieron una orden administrativa”, expresó Martínez en la estación radial.
En su denuncia, identificó al actual secretario auxiliar de programas y servicios como la figura que habría emitido la directriz que limitó las visitas de supervisión a confinados bajo libertad supervisada.
Martínez también advirtió que estas prácticas continúan dentro del DCR.
“Si el secretario no coge consejo, auguramos que va a haber más casos iguales o peores de lo que pasó con Hermes. Esta conducta permisiva sigue. Ya mismo vamos a ver los pool party, los pizza party”, declaró en referencia a privilegios indebidos que, según alega, algunos confinados disfrutan bajo la protección de ciertos funcionarios.
A estos señalamientos, Quiñones Rivera respondió que su equipo sigue sus instrucciones y que no tolerará desviaciones.
“El secretario auxiliar tiene que seguir la política pública del secretario. Eso es lo que está ocurriendo”, insistió. A la vez, aseguró que él mismo verifica el cumplimiento institucional con visitas sorpresa a las instituciones correccionales.
“Yo me persono en las instituciones sin avisar. Lo hice el Domingo de Ramos a las 7:00 p.m. en Guerrero, Aguadilla. Entré a la celda, hablé con la población. Así me aseguro de que las directrices se cumplan”, narró el secretario, al relatar que esa visita respondió a una queja sobre ventilación, la cual resultó estar relacionada con la instalación de mallas metálicas para evitar contrabando a través de drones.
La tensión entre el liderazgo del DCR y los representantes sindicales parece girar en torno a la falta de control y consistencia dentro del propio aparato institucional.
Martínez denunció que las cárceles “están corriendo como una dice, solas”, y que los supervisores no están respetando ni convenios colectivos ni reglamentos internos. Aseguró que hay traslados de empleados sin notificación oficial y decisiones operacionales que se toman a espaldas del secretario.
“Mientras el secretario da unas instrucciones, su equipo hace otra cosa. Es una pena, porque nosotros teníamos mucha esperanza en él. Es un secretario protrabajador”, expresó Martínez.
Aunque Quiñones Rivera reiteró que tiene buena comunicación con Martínez y que escucha sus preocupaciones, también defendió a su equipo.
“Yo estoy bajo evaluación diaria por parte de la gobernadora y del equipo de trabajo. Mi equipo también está bajo esa misma evaluación. Tengo más de 5,000 empleados y necesito contar con cada uno de ellos”, subrayó.