La Red Nacional de Albergues propuso enmendar una medida presentada en la legislatura que busca establecer la operación de albergues que atienden víctimas de violencia doméstica como alianzas público privadas.
Según explicó la presidenta de la organización, Coraly León, las medidas podrían tener consecuencias negativas para los servicios que brindan.
“Queremos compartir nuestras preocupaciones sobre el P. de la C. 415 y P. del S. 430, que proponen incluir la construcción, mantenimiento y operación de albergues bajo la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009). Esta propuesta, aunque bien intencionada, podría tener consecuencias adversas para un sistema de servicios que lleva más de cuatro décadas respondiendo con eficacia y sensibilidad a una de las problemáticas más complejas que enfrenta nuestro país”, plantean en una carta a los legisladores que les envió Coraly León, presidenta de la Red.
“En nuestra calidad de Red Nacional de Albergues de Violencia de Género —coalición compuesta por las siete organizaciones que administran los nueve albergues especializados para sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico— hemos solicitado una reunión con la Gobernadora para dialogar sobre este asunto. Además, ya nos reunimos con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el Hon. Víctor Parés, y estamos solicitando reuniones con los legisladores que integran las comisiones responsables de evaluar estos proyectos”, expresa la carta de la Red.
La recomendación principal a la Legislatura que la Red expone en la carta es “excluir a los albergues especializados del marco de la Ley 29-2009, y considerar utilizarla en cambio para el desarrollo de vivienda asequible para sobrevivientes, una necesidad urgente y complementaria”. Otras recomendaciones son “fortalecer el financiamiento directo, recurrente y ágil a las organizaciones con historial probado; establecer espacios de consulta multisectorial, que reconozcan y valoren el conocimiento del tercer sector: e invertir en prevención, educación, vivienda permanente y programas de seguridad económica, elementos fundamentales para erradicar la violencia doméstica desde la raíz”.
El próximo lunes se llevará a cabo una vista pública sobre la medida.
Entre las preocupaciones que expone la Red en su carta está que las APP no son un mecanismo adecuado para servicios especializados y sensibles como los dirigidos a sobrevivientes de violencia pues esa ley se creó en 2009 para atender una crisis fiscal para desarrollar infraestructura de autopistas, aeropuertos y sistemas de transportación.
“Los servicios dirigidos a sobrevivientes requieren un enfoque centrado en los derechos humanos, la confidencialidad, la atención psicosocial y la continuidad del cuidado. No se trata simplemente de un techo, sino de acompañamiento integral en un momento de crisis profunda”, indican en la carta.
Otra preocupación mencionada ante el proyecto es “la suposición errónea de la capacidad administrativa del tercer sector. Las organizaciones que forman parte de esta Red han demostrado en algunos casos por más de 40 años una capacidad administrativa sólida, transparente y resiliente. Han operado albergues incluso en momentos donde el gobierno ha estado inoperante o ha tenido una respuesta limitada, como tras el huracán María, los terremotos o la pandemia del COVID-19”.
Añaden en la carta que los problemas reales de los albergues son fondos inestables del financiamiento estatal, los retrasos en pagos por reembolso y la falta de política pública coherente, por lo que aseguran que “el modelo de APP no resolvería estos problemas; podría incluso agravarlos”.
Plantean a los legisladores que las organizaciones especializadas no han sido incluidas en el proceso de consulta ni en el comité propuesto para evaluar las APP, lo que resta legitimidad al proceso y pone en riesgo su efectividad.
“Paradójicamente, esta medida propone una expansión estatal en un servicio históricamente liderado con eficacia por el tercer sector, en contraposición al principio de un gobierno más ágil y limitado que ha sido promovido desde la administración actual”, exponen en la carta, que añade que no se ha explicado de donde saldrán los fondos para las APP, si el plan seria aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal y el proyecto carece de criterios claros del peritaje necesario que requieren las entidades que asuman la operación de los albergues bajo una APP.
La Red Nacional de Albergues agrupa a las siguientes organizaciones sin fines de lucro: Hogar Ruth, Casa Protegida Julia de Burgos I y II, Casa de la Bondad, Casa de Todos, Hogar Nueva Mujer, Hogar La Piedad, CAPROMUNI I y II.