SAO PAULO (AP) — Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil inició procedimientos el martes por la mañana para determinar si oficiales federales, oficiales militares retirados y un asistente del expresidente Jair Bolsonaro también serán juzgados por presuntamente intentar llevar a cabo un golpe de estado.
El mes pasado, el panel aceptó por unanimidad los cargos contra Bolsonaro y siete aliados cercanos por el presunto intento de perpetuarse en el cargo después de su derrota electoral en 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y ordenó que fuera juzgado.
Cuando el fiscal general Paulo Gonet acusó a Bolsonaro y a otras 33 personas de intentar un golpe, los dividió en cinco grupos diferentes, basándose en sus roles y posiciones en el presunto complot.
Bolsonaro y sus aliados más cercanos, incluido su compañero de fórmula, el general Braga Netto, fueron colocados en el “grupo central”, según los cargos. Ahora, el panel revisará los cargos contra el segundo grupo, que según Gonet ocupaba roles gerenciales.
El segundo grupo incluye al exasesor presidencial de asuntos exteriores Filipe Martins, al general retirado Mario Fernandes, al exdirector de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques, al exasistente presidencial el coronel Marcelo Câmara y a dos oficiales de la policía federal, Fernando Oliveira y Marilia Alencar.
Estas personas coordinaron acciones planificadas por el grupo central, indicó Gonet en la acusación. Estas incluían movilizar a policías para apoyar el presunto golpe, monitorear a las autoridades y redactar un documento destinado a justificar un estado de excepción en el país.
Si la mayoría vota a favor, los acusados se convertirán en imputados en un caso penal.
Bolsonaro y sus aliados han negado repetidamente haber cometido irregularidades. El expresidente afirma que está siendo perseguido políticamente. Ha estado hospitalizado por más de una semana, recuperándose de una cirugía intestinal. El lunes, desde su cama de hospital en Brasilia, dio una entrevista a la cadena de televisión local SBT e insistió en que su juicio no era técnico, sino político.
Según la ley brasileña, una condena por golpe de Estado por sí sola conlleva una sentencia de hasta 12 años, pero cuando se combina con otros cargos, podría resultar en una sentencia de décadas tras las rejas. El expresidente está previsto a ser juzgado en los próximos meses en el Supremo Tribunal.