La Cámara de Representantes aprobó de forma unánime el Proyecto de la Cámara 180, que busca aumentar las penas por el delito de explotación financiera contra adultos mayores.
La votación sobre la medida presentada por el representante Edgar Robles Rivera, se llevó a cabo en la tarde del martes.
La legislación enmienda el Artículo 127-C del Código Penal para elevar las penas del delito y alinearlas con las del Artículo 182 sobre apropiación ilegal agravada.
Según lo aprobado, si el valor de lo apropiado es de hasta $2,500, el delito conllevará cinco años de cárcel; si está entre $2,501 y $10,000, la pena será de ocho años; y si excede los $10,001, la sanción aumentará a 12 años de prisión. El proyecto también establece que en todos los casos será obligatoria la restitución de los bienes apropiados.
Robles Rivera defendió la medida y dijo que responde a una necesidad urgente en el marco legal actual.
“En esta etapa de sus vidas, nuestros adultos mayores merecen respeto, no abuso… Esta medida defiende su dignidad y asegura que quienes se atrevan a aprovecharse de ellos enfrenten consecuencias muy serias… Esta lucha la hago con el corazón en la mano y total compromiso inquebrantable”, expresó el legislador novoprogresista.
El Proyecto de la Cámara 180 recibió el respaldo de la Oficina de Servicios Legislativos, el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.
En Puerto Rico, se estima que hay más de 944,000 personas de 60 años o más, lo que representa cerca del 29% de la población. Este cambio demográfico, según los proponentes, justifica una respuesta legislativa que proteja de manera efectiva a esta población.
“Cada vez son más las personas mayores que enfrentan engaños, fraudes o robos por parte de personas que se aprovechan de su confianza… La medida busca justicia para ellos y envía un mensaje muy claro: no vamos a tolerar el abuso contra quienes nos dieron tanto”, añadió Robles Rivera.
La representante, Swanny Enit Vargas Laureano, del Partido Popular Democrático (PPD) y coautora del proyecto, también subrayó la urgencia de atender el problema desde el ámbito penal.
“La población puertorriqueña es una población envejecida. Las estadísticas de incidencia de explotación financiera, de personas de edad avanzada, muestran un horroroso patrón de crecimiento”.
Vargas Laureano señaló que los casos continúan en aumento y que la legislación vigente no ha logrado frenar el problema. “Esta incidencia creciente de casos de explotación financiera de personas envejecientes demuestra que la legislación, en su estado actual, no es efectiva… El proyecto que atendimos debe ser un mejor disuasivo de estas conductas al aumentar las penas de forma proporcional al monto del daño causado a la víctima”.
El Proyecto de la Cámara 180 pasa ahora al Senado para su evaluación.