Una medida radicada en la Cámara de Representantes propone modificar el manejo de los ingresos generados por la expedición de certificados de antecedentes penales.
El Proyecto de la Cámara 111 fue presentado por la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Wanda del Valle Correa, y referida a la Comisión de Seguridad Pública.
La propuesta busca enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 1974 para que el Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico sea quien cobre directamente por los certificados y utilice esos ingresos para cubrir gastos administrativos, en lugar de remitirlos al Departamento de Hacienda como ocurre actualmente.
En su exposición de motivos, la representante argumentó que “el gasto de personal, impresos y otros administrativos obligan al Negociado a incurrir en unas obligaciones que, por mucho, supera lo que el Estado factura por la emisión de los susodichos certificados”.
Actualmente, cada persona que solicita un certificado de antecedentes penales debe pagar $1.50 en sellos de Rentas Internas, cuyos fondos se depositan en el Fondo General del Gobierno. La medida propone que, en adelante, estos recaudos puedan ser retenidos por el Negociado de la Policía para cubrir directamente sus gastos operacionales.
El proyecto de no crea un nuevo cobro por los certificados de antecedentes penales, sino que propone que el Negociado de la Policía, en lugar del Departamento de Hacienda, sea quien retenga los fondos generados por ese trámite y los utilice para cubrir sus gastos administrativos. Con la nueva medida, el Comisionado del Negociado tendría la facultad de fijar el costo del servicio por orden administrativa, lo que podría implicar un cambio en el precio.
El nuevo texto legal también delega en el Comisionado del Negociado la facultad de establecer el monto que deberá pagarse por los certificados, mediante orden administrativa. Según la pieza legislativa, estos cambios buscan “dotar a la Policía de las herramientas necesarias para su cabal funcionamiento”, especialmente en el contexto de limitaciones fiscales.
Se desconoce por el momento si el Departamento de Hacienda, el Ejecutivo o delegaciones de minoría favorecen la propuesta, debido a que la vista pautada para hoy miércoles fue cancelada. Sin embargo, la oficial de prensa de la Comisión de Seguridad Pública informó a Metro Puerto Rico que la misma se llevará a cabo en mayo.