Un grupo de residentes y organizaciones ambientales presentó una moción ante el Tribunal de Aguadilla para detener de inmediato el proyecto de un paseo para bicicletas en Rincón.
En el recurso legal se alega que el Permiso de Uso e Impacto (PUI), emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en mayo de 2024, fue aprobado sin que existiera un reglamento válido que lo respaldara legalmente.
“El PUI en este caso es totalmente nulo, inválido y queda sin efecto”, expresó la licenciada Isabel Abislaimán Quílez, abogada de los demandantes. La moción argumenta que OGPe citó disposiciones del Reglamento Conjunto de 2020, el cual fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones en 2021. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2023 en el caso Fideicomiso de Conservación v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Tras esa anulación, la Junta de Planificación adoptó un Reglamento Conjunto de Emergencia en junio de 2023. Sin embargo, según la demanda, no se cumplieron los requisitos legales para su implementación, incluyendo la celebración de vistas públicas dentro del término de 15 días que exige la Ley 75-175.
“El reglamento quedó sin efecto en septiembre de 2023. Para cuando OGPe aprobó este PUI, no existía ninguna estructura reglamentaria vigente. Fue un acto ultra vires”, afirmó en sus alegaciones Abislaimán Quílez.
La moción pide una sentencia sumaria y que el tribunal ordene:
- La paralización inmediata de la obra y de la tala de árboles.
- La anulación del PUI y todos los permisos asociados.
- La demolición de estructuras construidas ilegalmente.
- La reforestación del área con especies nativas.
- La revocación de endosos emitidos por el Municipio de Rincón y el DRNA.
- La entrega de todos los documentos del proyecto por parte de la Junta de Planificación.
También se solicita la imposición de honorarios legales y costas judiciales a los demandados.
La moción cita además el caso Martínez v. OGPe (2022), en el cual el Tribunal de Apelaciones revocó un permiso similar por falta de base reglamentaria. Según el recurso legal, esto refleja un patrón sistemático.
“No es un error aislado. Es una conducta institucional que ignora la ley y excluye a las comunidades de decisiones que afectan su entorno”, señala el escrito al tribunal.
Esta historia se trabajó con herramientas de Inteligencia Artificial.