La Junta de Control Fiscal volvió a enfatizar la importancia de que las órdenes ejecutivas emitidas por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, se sometan previamente a su evaluación, como exige la Ley PROMESA, para determinar su impacto en el Plan Fiscal.
“La Junta está revisando todas las órdenes ejecutivas emitidas desde el 2 de enero de 2025”, advirtió el organismo federal en una carta dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón, con fecha del 29 de abril.
Según la comunicación, la JSF sostuvo una reunión reciente con la gobernadora y su equipo para discutir las políticas y procedimientos que rigen este tipo de disposiciones. Reiteraron que la Sección 204(b)(4) de PROMESA requiere que toda orden ejecutiva sea referida a la Junta antes de su promulgación.
El ente federal subrayó que la coordinación temprana permite evaluar si alguna acción ejecutiva compromete el cumplimiento del Plan Fiscal certificado y recordó que están disponibles para continuar colaborando, siempre que se cumpla con los procedimientos requeridos por la ley.
De no cumplirse con este requisito, la JSF podría objetar la validez de órdenes ejecutivas ya emitidas, lo que generaría conflictos con el gobierno central.
Junta de Supervisión urge plan para reducir dependencia de fondos federales
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) urgió al Gobierno de Puerto Rico a desarrollar un plan estratégico para enfrentar el fin de los fondos federales de emergencia y estímulo, que han sustentado gran parte del presupuesto en los últimos años.
En una carta dirigida al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, el organismo advirtió que la eliminación progresiva de estos fondos podría causar “serios desafíos fiscales y operacionales” si no se toman medidas inmediatas.
Actualmente, el 46.1% del presupuesto certificado para el año fiscal 2025 —unos $15,400 millones— proviene de fondos federales, muchos de ellos no recurrentes. Sectores clave, como el Departamento de Educación (DE) y el Plan Vital en el sector de la salud, dependen significativamente de estas asignaciones. En el caso del DE, el 46% de su presupuesto ($5,300 millones) proviene de fondos federales, sin que la agencia haya presentado aún un plan para manejar la expiración de ayudas como los fondos ESSER asociados a la pandemia y los fondos de FEMA vinculados a los huracanes y terremotos.
El escenario es aún más crítico para Plan Vital, que cubre a cerca de 1.4 millones de puertorriqueños. De no cambiarse la legislación federal, el archipiélago enfrentaría una reducción drástica en el apoyo de Medicaid a partir del año fiscal 2028. Se proyecta un déficit de aproximadamente $1,100 millones en el año fiscal 2029. El secretario de Salud, Víctor Ramos, ha dicho que están cabildeando junto con organizaciones no gubernamentales para evitar ese precipicio fiscal en el Plan Vital.
Según la JSF, el Gobierno también deberá asumir cerca de $290 millones anuales en gastos actualmente cubiertos con fondos federales no recurrentes, a partir del año fiscal 2026.
Entre sus principales recomendaciones, la Junta exhortó a:
- Elaborar un plan financiero de cinco años que detalle cómo se cubrirán gastos esenciales.
- Establecer una metodología para priorizar programas, eliminando o reduciendo aquellos insostenibles.
- Crear una Oficina Central de Manejo de Fondos Federales, para mejorar la transparencia, el control y el uso efectivo de estos recursos.
La JSF enfatizó en la carta del pasado lunes que se han reservado $2.6 millones en el presupuesto de 2025 para financiar esta oficina, cuya creación aún está pendiente