Múltiples organizaciones ambientales, sociales y que agrupan pequeños comerciantes, escuelas privadas y gremios profesionales radicaron mociones en el Tribunal Federal para rechazar la nueva demanda de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que provocaría más aumentos a la luz y quitaría recursos para la reparación del sistema eléctrico.
La preparación y radicación de mociones, coordinada por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), se da luego de grupo de bonistas de la AEE, encabezado por GoldenTree Asset Management, reclamara que se les pague más de $3.7 mil millones de dólares adicionales a los ya propuestos por la Junta en el plan de ajuste de la deuda de la AEE.
Cathy Kunkel, portavoz de la Campaña No más Aumentos, explicó lo siguiente: “Esta nueva movida de los fondos buitres provocaría, sin lugar a duda, aumentos en la tarifa eléctrica, además de desviar fondos necesarios para modernizar la red eléctrica y el uso de recursos del gobierno central, afectando de forma directa a las comunidades y sectores productivos del país”.
Por su parte, Edna Díaz, portavoz del Centro Unido de Detallistas (CUD), insistió que la propuesta de los bonistas tendría consecuencias devastadoras para los pequeños y medianos comerciantes.
“Los aumentos en la tarifa no solamente impondrán cargos financieros insostenibles en las operaciones comerciales, sino también desviarán recursos urgentemente necesitados para modernizar la red eléctrica de Puerto Rico”, advirtió.
La moción presentada al Tribunal por parte de la Coalición Nueva Visión de Salud enfatizó el impacto sobre los pacientes más vulnerables.
La Dra. Norma Devarie, presidenta de la Coalición, destacó: “Los pacientes tendrían que decidir cómo van a costear sus servicios médicos, en especial aquellos cuya vida depende de dispositivos eléctricos, como ventiladores, máquinas de diálisis o refrigeración para medicamentos. A eso se suma el golpe a hospitales y facilidades de salud ya en precariedad económica”.
Mientras, Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades, alertó sobre la carga que esto impondría en los municipios.
“Un aumento en la tarifa del servicio eléctrico no solo socava la confianza de potenciales inversionistas y emprendedores, sino que también supone costos adicionales para los empresarios ya establecidos. Esta cadena de eventos resulta en una disminución de ingresos contributivos, principal fuente de financiamiento de los municipios para sufragar sus operaciones y garantizar la prestación de servicios esenciales a sus comunidades”, sostuvo.
En el caso del licenciado Fernando Agrait del ICSE, afirmó en su moción que, de prevalecer en su reclamo, este grupo de bonistas “empeoraría aún más el funcionamiento del sistema eléctrico, que ya está en su peor momento”.
“Ellos (los bonistas) están tan lejos de la realidad de Puerto Rico que están actuando contra su propio interés, dado que ellos también dependen de tener un sistema eléctrico capaz de producir ingresos en el futuro para pagarles. Es sumamente importante que este grupo multisectorial de organizaciones esté planteando la realidad de nuestro sistema eléctrico y la inviabilidad de la propuesta de los bonistas frente al tribunal federal”, expresó.
Según explicaron, con la excepción de esta reclamación de gastos administrativos, todos los asuntos de litigio continúan paralizados bajo el proceso de mediación hasta el 31 de octubre de 2025. La forma en que la jueza Laura Taylor Swain resuelva la reclamación de $3.7 billones de dólares, puede afectar por completo la última versión del plan de ajuste de deuda propuesto.