El artículo titulado “La Constitución y la residencia bona fide del Secretario de Estado”, publicado por Ramón L. Rosario Cortés en un portal noticioso del país, es un ejemplo claro de lo que sufrimos en Puerto Rico y en el resto del mundo hoy. Es más importante crear narrativas que apegarnos a los hechos. Es más, alabamos la inteligencia de aquellos que son capaces de tergiversar los hechos con las narrativas que construyen, convirtiéndolos en los chamanes modernos. El problema es que la realidad siempre tiene un punto de inflexión en donde no se puede tergiversar más y rebota hacia atrás, dándonos en la cara.
El argumento central planteado por el licenciado Rosario es que Garffer cumple con los requisitos constitucionales de residencia bona fide, pues allí donde la constitución lee “residencia”, en verdad lo que quisieron decir los constituyentes era “domicilio”. Así, busca justificar la ausencia física del general Garffer de la isla, achacándoselas a sus misiones militares, pero su intención, alegadamente, es que Puerto Rico sea su lugar permanente para vivir. Para sustentar su posición, el autor cita el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente y menciona interpretaciones sobre el concepto de domicilio que incluyen excepciones para militares en servicio activo. Hasta este punto, el análisis parece sólido. Sin embargo, el autor comete un error básico que echa por tierra la argumentación entera: omite corroborar hechos cruciales sobre el comportamiento electoral de Garffer que revelan la intención de este de que su domicilio fuese el estado de Florida, al menos por los últimos 12 años.
Es un hecho irrefutable que Garffer, entre 2012 y 2024, registró su domicilio en el estado de Florida, donde participó en elecciones mediante voto ausente tanto en las primarias como en las elecciones generales. Este simple detalle, que pudo haber sido confirmado con una indagación básica, demuestra que el propio Garffer ha certificado repetidamente al estado de Florida como su residencia principal y domicilio. Este acto contradice cualquier intención de mantener su domicilio en Puerto Rico, constituyendo una prueba contundente que invalida cualquier argumento en su defensa bajo el pretexto de “residencia bona fide”. De hecho, en su última votación en el estado de Florida, Garffer fue tan enfático que, aún no estando en el estado de Florida, le solicitó a dicho cuerpo político el privilegio de votar ausente por correo. No hay evidencia más clara y contundente del ánimo del general Garffer que este. ¿Si Garffer consideraba a Puerto Rico su domicilio, por qué si estaba ausente, no solicitó votar aquí, y votó en el estado de Florida?
La Constitución de Puerto Rico exige explícitamente cinco años de residencia bona fide como requisito para ocupar el cargo de secretario de Estado (Artículo IV, Sección 3). El domicilio se refiere al hogar permanente de una persona, un lugar al que se tiene intención de regresar y donde se ejercen derechos civiles fundamentales, como el voto. La residencia, por otro lado, puede ser temporal o habitual, sin la intención de permanencia.
En este caso, el hecho de que Garffer votó fuera de Puerto Rico, en Florida, es una evidencia objetiva de que su intención en los años previos no era residir ni domiciliarse en Puerto Rico. Esto convierte en irrelevantes las interpretaciones históricas sobre el término “residencia bona fide” citadas en el artículo, dado que los hechos actuales contradicen cualquier presunción de domicilio en la isla.
El autor critica vehementemente a la oposición por, supuestamente, usar argumentos sin base jurídica para descartar el nombramiento de Garffer. Sin embargo, esta acusación no solo parece cínica, sino que también proyecta la misma falta de rigor que adjudica a sus opositores. La doble moral queda en evidencia cuando, al presentar un argumento legal, el autor ignora la importancia fundamental de los hechos verificables y sustituye la necesidad de honestidad con ataques partidistas.
Vivir en una época donde la opinión se moldea más a través de narrativas oportunistas que de argumentos sólidos no es excusa para renunciar al rigor profesional. Argumentar que el rechazo a Garffer equivale a “quitar derechos a una persona por servir en el ejército” no solo es una falacia, sino un intento sensacionalista que desvía el verdadero problema en cuestión. En última instancia, la realidad volvió a darle en las narices a la gobernadora y ha tenido que retirar nuevamente su designación a la Secretaría de Estado.
En realidad, todo este drama con Garffer habría sido mucho más sencillo si alguien se hubiera atrevido a preguntarle al general. ¿Alguien lo hizo? ¿Qué contestó? O pasó como con la secretaria de Justicia y el audio que era Inteligencia Artificial, pero que luego resultó ser genuino. Gracias a Dios que, en este caso, el general, sí, tiene quien le escriba, y le escribieron a través del presidente del Senado desde Florida para recordarle su récord electoral. A la gobernadora no le gustan las cartitas, pero a Thomas Rivera Schatz parece que sí. ¡Adelante, con fe!