La Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales evaluó tres medidas presentadas en el Senado de Puerto Rico sobre la clase trabajadora, entre ellas una que busca la reducción de la jornada laboral en la isla.
Se trata del Proyecto del Senado 308, presentado por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, quienes proponen enmendar la Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico para implementar una jornada laboral de cuatro días en agencias públicas, sin reducción salarial.
La medida establece un plan piloto de 12 meses, a cargo de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), con la meta de evaluar el impacto de una semana laboral de entre 32 y 40 horas distribuidas en cuatro días.
El licenciado Marcos J. Andrade Ravelo, en representación de la OATRH, señaló la importancia de un análisis sobre su impacto fiscal y explicó que esto le correspondería a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacienda.
A su vez, recomendó consultar la opinión del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, pues la Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico no aplica a los empleados de las agencias o entidades públicas, por lo que se deben implementar nuevos parámetros en la jornada regular.
“Una jornada laboral de cuatro días y 32 horas no es cónsona con el ordenamiento jurídico vigente, pues afecta la uniformidad en la implementación del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme y los principios constitucionales de igual protección de las leyes y de igual pago por igual trabajo”, sentenció el licenciado Andrade Ravelo.
Por otro lado, se evaluó el Proyecto del Senado 140, de la autoría de la portavoz alterna del Partido Popular Democrático (PPD), la senadora Marially González Huertas, que propone la creación de la Ley para Fomentar el Regreso a Puerto Rico con Empleo Seguro. Su objetivo es facilitar el retorno de puertorriqueños que residen en el exterior, ofreciéndoles la posibilidad de obtener empleo desde fuera de la isla a través de un sistema digital de entrevistas virtuales.
La medida propone la creación del Sistema Uniforme de Solicitudes y Entrevistas de Empleo (SUSEE), integrado a la plataforma oficial www.empleos.pr.gov, que permitiría a los solicitantes enviar documentos, completar formularios y realizar entrevistas por videoconferencia. La empresa privada podría integrarse voluntariamente al sistema para ampliar las oportunidades.
Sin embargo, el licenciado Andrade Ravelo sentenció que no favorece la aprobación de la medida, pues entiende que la finalidad del proyecto ya está contemplada actualmente.
“En cuanto al sector gubernamental, el objetivo que la medida persigue ya está siendo debidamente atendido”, comentó.
De igual forma, explicó que actualmente existe un plan piloto en fase de desarrollo para la implementación de un sistema a nivel gubernamental y que este proyecto podría confligir con lo ya establecido.
“La preocupación que trae la OATRH es entonces un asunto de que haya algún requisito adicional que nos haga reevaluar el proyecto y que pueda traer alguna dilación en su lanzamiento”, añadió.
Además, se evaluó el Proyecto del Senado 287, presentado por el senador José Luis Dalmau Santiago, que establecería una licencia de estudios profesionales tanto para empleados públicos como del sector privado que estén cursando grados universitarios o preparándose para exámenes de licencias profesionales en instituciones educativas de Puerto Rico.
Los empleados públicos tendrían derecho a hasta 10 días laborables anuales con paga y 5 días adicionales sin paga, para actividades directamente relacionadas con sus estudios. En el caso de los empleados del sector privado, la medida otorga hasta 10 días laborables sin paga, sujetos a la aprobación del patrono.
En cuanto a este proyecto senatorial, el licenciado Andrade Ravelo expresó que “podría tener impacto económico directo al continuar pagándole su sueldo a un empleado mientras realiza sus estudios sin contar con sus servicios, más allá del disfrute de beneficios como la licencia de vacaciones, enfermedad y demás”.
Asimismo, mostró preocupación por su impacto fiscal, ya que “no ofrece datos sobre el posible impacto económico, directo o indirecto, que pueda tener la concesión de la licencia con paga por estudios en las proyecciones del Gobierno de Puerto Rico y el cumplimiento del Plan Fiscal”.
Adelantó que, actualmente, la OATRH se encuentra trabajando en la elaboración de un reglamento que podría contemplar estos parámetros.