Por entender que se interpretó fuera de contexto, el representante Ángel Morey Noble, anunció que retiró el Proyecto de la Cámara 644.
La medida proponía establecer un sistema uniforme de aranceles en procedimientos adjudicativos ante agencias administrativas, con el objetivo de cubrir los costos operacionales del gobierno y desalentar querellas frívolas.
“Este proyecto nunca tuvo la intención de limitar el acceso a la justicia ni de imponer cargos a ciudadanos por querellas contra el gobierno. El lenguaje legal fue interpretado fuera del contexto original y, ante la preocupación pública, decidí retirar la medida para evitar más confusión,” expresó Morey Noble en declaraciones escritas.
La medida proponía que, en procedimientos entre partes privadas en agencias como el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) o el Departamento de Salud, se estableciera un arancel inicial al presentar una querella. En caso de que el querellante prevaleciera, el querellado debía reembolsar el costo del arancel. Si no prevalecía, la agencia retendría el pago.
“Este proyecto no estaba dirigido a personas que quieren presentar una queja contra el gobierno ni establecía pagos por cada alegación. De hecho, incluía una exención provisional para personas sin recursos. Pero si la conversación pública gira en torno a premisas incorrectas, prefiero dar un paso atrás, escuchar y repensar la propuesta,” añadió.
La medida utilizaba términos como “aranceles” o “derechos arancelarios” en línea con el lenguaje legal ya establecido por la Rama Judicial en la Ley 47-2009 y decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico.