La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó al Gobierno de Puerto Rico corregir o justificar antes del 4 de junio la Ley 224-2024, que extiende beneficios de pensión por muerte o discapacidad en el cumplimiento del deber a empleados del Negociado de Manejo de Emergencias y sus oficinas municipales.
Según la JSF, la medida viola el Plan de Ajuste de la deuda certificado por el tribunal federal y es inconsistente con el Plan Fiscal vigente.
En una carta dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón y a los presidentes legislativos, la JSF sostuvo que el propio Gobierno —a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)— reconoció que la ley no cumple con los parámetros fiscales establecidos por PROMESA. Además, la JSF advirtió que los documentos entregados por AAFAF no cumplen con los requisitos de certificación fiscal establecidos en la sección 204(a) de PROMESA, al no incluir una evaluación formal válida del impacto económico de la medida.
La Ley 224-2024 enmendó la Ley 127-1958 para incluir a los empleados estatales y municipales del Manejo de Emergencias entre los servidores públicos que cualifican para pensión en caso de muerte o incapacidad durante intervenciones de emergencia. Esta ampliación de beneficios fue promovida en la Asamblea Legislativa como un acto de justicia hacia los rescatistas, resaltando el riesgo al que estuvieron expuestos durante desastres como el huracán María, los terremotos de 2020 y la pandemia.
Según el récord de la Oficina de Servicios Legislativos, el pasado 10 de octubre del 2024, el entonces gobernador, Pedro Pierluisi estampó su firma en la medida para convertirla en ley luego de su aprobación legislativa.
No obstante, la JSF recalcó que la legislación aprobada no puede implementarse sin un análisis fiscal riguroso y en cumplimiento con el Plan de Ajuste. “La Ley 224 está en incumplimiento con el Plan de Ajuste a la Deuda”, concluyó la misiva firmada por el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica Jr.
El ente creado bajo la ley federal PROMESA también solicitó confirmación de que la ley no ha sido ni será implementada hasta que se resuelva el conflicto legal. De no cumplirse, la JSF se reservó el derecho de tomar medidas legales para impedir su ejecución.