La senadora popular Ada Álvarez Conde presentó el Proyecto del Senado 628, una medida que propone una nueva definición de la zona marítimo terrestre de Puerto Rico y establece mayores obligaciones para las agencias encargadas de su reglamentación y fiscalización.
La iniciativa enmienda la “Ley de Muelles y Puertos de 1968” y la “Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales”, con el objetivo de precisar el alcance legal del espacio costero. La nueva definición incluye elementos como las mareas máximas vivas equinocciales, eventos de oleaje extremo y rasgos naturales como dunas, manglares, estuarios y bermas. Esto ampliará el reconocimiento legal más allá de la simple línea de marea.
“Esta es una herramienta necesaria para combatir la erosión costera, mejorar la fiscalización de construcciones ilegales y proteger el acceso público a nuestras costas. Además, estamos consignando que, para todos los efectos civiles, la zona marítimo terrestre será considerada patrimonio de Puerto Rico. Debemos reconocer el valor ecológico, económico y emocional que las playas representan para nuestra gente”, expresó Álvarez Conde.
El proyecto exige que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Puertos adopten un reglamento que defina los procesos de deslinde, fiscalización y delimitación oficial de estos bienes públicos. El reglamento deberá incorporar criterios científicos actualizados y uniformes para asegurar la protección de la costa, evitar desarrollos ilegales y garantizar el acceso libre a las playas.
La medida fue presentada a petición de expertos en geociencia y conservación, entre ellos Pedro A. Gelabert, Ruperto Chaparro, Ernesto Díaz, Gerardo Cerra, Miguel Canals, Aurelio Mercado, Alfredo Torruella, Heidi Morales y Mildred Sotomayor.
“El pueblo tiene derecho a acceder y disfrutar de sus playas. Esta medida atiende décadas de ambigüedades legales y conflictos por la ocupación indebida y la privatización de nuestros bienes públicos. Reafirmamos que las playas son patrimonio colectivo y no propiedad de unos pocos”, añadió la legisladora.
El reglamento deberá ser emitido en un plazo no mayor de 180 días tras la aprobación de la ley. Además, ambas agencias tendrán que presentar un informe de cumplimiento ante la Asamblea Legislativa dentro de los siguientes 240 días.
Actualmente hay otra medida para redefinir la zona marítimo terrestre, pero en la Cámara de Representantes. Esa medida ha sido criticada por legisladores de minoría y líderes ambientalistas.