Un operativo del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y otras agencias gubernamentales, resultó en la interrupción de un evento de motoras y vehículos, denominado “Guerra de Mecánicos 4”, en la noche del viernes, en Aguadilla.
Según las autoridades, en el lugar se intervino con motociclistas y conductores de vehículos modificados, emitiéndose un total de 142 boletos por violaciones a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, mejor conocida con Ley Núm. 22.
Además, la Policía confirmó la radicación de cuatro denuncias por violaciones al Artículo 323 del Código Penal, y la ocupación de una motora.
Durante el operativo, se identificó un negocio operando sin la debida patente municipal, por lo que fue citado por las autoridades correspondientes. Asimismo, se realizó un arresto por violación a la Ley de Sustancias Controladas.
De la misma forma, el Departamento de Hacienda intervino con una persona que supuestamente cobraba apuestas relacionadas con las carreras por medio de la aplicación ATH Móvil.
La intervención se da en momentos en que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, creó un comité para evaluar enmiendas a la Ley 22 para regular los vehículos todo terreno, una propuesta que la primera mandataria incluyó en su campaña electoral en 2024.
El pasado miércoles, director del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía de Puerto Rico, el capitán Elvis Zeno, afirmó que está de acuerdo con hacer cambios en el proceso de confiscación de vehículos todo terreno para emular el modelo del estado de Nueva York, donde estos vehículos son destruidos para evitar que regresen a las carreteras.
En entrevista con El Circo de La Mega (106.9 FM), Zeno mencionó que ha visto los videos publicados en redes sociales sobre la destrucción de vehículos confiscados en Nueva York y que le “agradó” tanto, que quisiera que la ley se implementara en la Isla.
Además, explicó que se están realizando esfuerzos para que la Legislatura enmiende la ley, con el objetivo de hacer la confiscación más rigurosa y evitar que los vehículos involucrados en actividades delictivas regresen a sus propietarios.
“Actualmente, cuando confiscamos un ‘four track’, el caso pasa a la Junta de Confiscaciones. Se le envía una tasación al propietario y, si la paga, le devuelven la máquina. Nosotros hemos señalado que ese privilegio debería eliminarse”, explicó Zeno.
“Ellos invierten mucho dinero en esas máquinas, y si las pierden y se destruyen, sería un éxito”, añadió.