La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) se manifestó este martes frente a La Fortaleza para exigir la intervención directa de la gobernadora Jenniffer González Colón ante lo que describieron como el “colapso inminente” de los servicios ofrecidos bajo el Remedio Provisional del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.
Ruth Concepción Rivera, miembro de la asociación, denunció que el Departamento de Educación (DE) continúa sin cumplir con los pagos correspondientes a servicios ofrecidos por terapeutas del habla, lenguaje, ocupacional, físico, entre otros. Aunque algunos han mantenido los tratamientos sin recibir compensación, otros comenzaron a suspenderlos, lo que ya afecta a menores del sistema público.
“Ya estamos sometiendo factura para mayo. Estamos hablando de prácticamente dos meses sin pago, y acercándonos a un tercero”, declaró.
Durante la manifestación también participó Víctor Moreno, presidente de APPSSRE, quien urgió a la gobernadora a ordenar al gabinete y a las agencias pertinentes que liberen los fondos necesarios.
“Que asignen al Departamento de Educación los fondos requeridos para que ellos puedan acatar la orden de la gobernadora y emitir los pagos de esta deuda”, expresó. Señaló además la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios hasta el cierre del año fiscal el 30 de junio.
La deuda acumulada ha provocado que la prestación de terapias se vea afectada en más de 50,000 estudiantes de educación especial. Jinette Morales, madre de un joven de 20 años con diversidad funcional, advirtió que la cancelación de servicios durante el año escolar extendido representaría un retroceso crítico.
“Esto no es solamente un asunto económico. Nuestros hijos van a venir a La Fortaleza si no tenemos la garantía de que el año escolar extendido se va a dar”, afirmó en Las Noticias de Teleonce.
Esta protesta no fue la primera. A mediados de mayo, la APPSSRE también se manifestó en el mismo lugar por las mismas razones. En esa ocasión, la asociación explicó que los pagos se están recibiendo con uno o dos meses de retraso y que el Departamento de Educación los había excluido del plan fiscal regular, asignándolos a fondos temporeros vinculados a la pandemia del COVID-19. Tras agotarse y congelarse esos fondos, los servicios quedaron sin respaldo financiero.
“Establecieron partidas dentro de un plan de emergencia para mitigar el COVID, y ahí incluyeron nuestro servicio. Una vez se congelaron los fondos de la pandemia, los niños quedaron desprovistos porque no estamos en el plan fiscal regular del gobierno”, señaló entonces Concepción Rivera.
Durante la protesta más reciente también se reiteró el reclamo de una revisión tarifaria por parte del Departamento de Educación, una solicitud que ha sido ignorada. La organización indicó que por esta razón recurrieron al tribunal para solicitar la intervención de la jueza a cargo del pleito Rosa Lydia Vélez, caso judicial que desde hace décadas supervisa el cumplimiento del gobierno con los derechos de los estudiantes de educación especial.
“La clave aquí es la continuidad del servicio. En la medida en que se interrumpen, se provoca un retroceso en lo que se ha logrado. Eso es un daño irreparable para ellos”, advirtió Concepción.
Mientras, el DE ha reconocido en comunicaciones previas con los proveedores que los fondos se paralizaron y que solicitaron autorización federal para reutilizar fondos congelados por la emergencia del COVID. También informaron que identificaron otras partidas dentro del presupuesto, pero aún esperan por la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.