Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura presentaron este jueves una resolución para que se investigue cómo el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) divulgó información de 6,000 residentes extranjeros con licencia de conducir provisional al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La medida fue anunciada por los portavoces del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa, quienes señalaron que la divulgación de esta información viola la Ley 97-2013, que protege la confidencialidad de los datos de las personas con estatus migratorio irregular en Puerto Rico.
“El gobierno de Puerto Rico tiene unas facultades muy limitadas al momento de divulgar información que esté bajo su custodia. Dichas facultades se restringen aún más cuando hay una ley, como la Ley 97-2013, que protege de manera expresa la información de las personas. A todas luces, el gobierno actuó de manera ilegítima al divulgar información cuando por ley les estaba prohibido tal proceder”, indicó González Costa.
De Lourdes Santiago afirmó que la divulgación de esta información forma parte de una política de colaboración con las agencias federales para perseguir a comunidades vulnerables.
“Lo que persiguen las regímenes de Trump y González Colón no es erradicar absolutamente la población con estatus migratorio irregular, sino generar una ola de persecución continua que obligue a comunidades como la dominicana a trabajar en condiciones totalmente clandestinas y abusivas por temor a ser arrestados”, expresó la senadora.
La resolución solicita que el Senado amplíe la pesquisa para documentar cualquier otra colaboración entre el Gobierno de Puerto Rico y las agencias federales que afecte los derechos de los residentes migrantes en la Isla.