La gobernadora Jenniffer González defendió este jueves la entrega de información de conductores con estatus migratorio no definido a las autoridades federales, afirmando que Puerto Rico está obligado a cumplir con las leyes federales de inmigración.
“Reconozco el rol que las comunidades inmigrantes tienen en nuestra fibra cultural y las contribuciones importantes que hacen a nuestra economía. Pero la realidad es que no podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no y las leyes de inmigración federal son mandatorias y aplican a Puerto Rico de la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de seguro social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles”, expresó la gobernadora en declaraciones publicadas en sus redes sociales.
“Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal, ni más, ni menos”, agregó.
Según explicó la ejecutiva, la entrega de datos realizada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) el 29 de enero respondió a un requerimiento de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) emitido el 26 de enero.
“La data entregada el 29 de enero por DTOP fue un requerimiento de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) con fecha del 26 de enero, por lo que la agencia lo que hizo fue cumplir con la orden en ley”, puntualizó la mandataria.
Ayer, el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, confirmó que el gobierno de Puerto Rico entregó información de conductores con estatus migratorio no definido tras recibir un requerimiento federal, asegurando que se actuó conforme a la ley.
“Cuando se recibe un requerimiento federal, una subpoena, eso va directamente a la oficina del secretario de la agencia, en este caso el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y se maneja con la seriedad que merece ese tipo de requerimiento”, explicó Torres Montalvo en conferencia de prensa.
El funcionario mencionó que no existe un acuerdo de colaboración entre el DTOP y las autoridades federales para compartir información de personas inmigrantes, pero que la agencia debe responder cuando un tribunal federal competente emite un requerimiento. “Lo que hacemos es cumplir con la ley. Nosotros no podemos dar más información ni menos; obstruir sería un delito”, añadió.