La directora de la organización sin fines de lucro Hispanic Federation en Puerto Rico, Charlotte Gossett-Navarro expresó públicamente su desconcierto ante el anuncio de que el gobierno local compartiera con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) las listas de las personas inmigrantes con estatus migratorio irregular.
“La acción del gobierno de Puerto Rico ante la solicitud de ICE representa un menosprecio total a la dignidad humana de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Destruye la confianza que esta comunidad altamente marginada y vulnerable brindó al gobierno al compartirle su información personal conforme a la ley y con la buena fe de seguir las reglas de tránsito en Puerto Rico. La ley no les advirtió que ésto podía pasar”, indicó Gossett-Navarro.
Se trata de unas listas de personas inmigrantes que obtuvieron su licencia de conducir, conforme lo pide la ley, en el 2013 que fueron entregadas, desde el 29 de enero de este año, a la agencia federal de inmigración.
“No se puede confiar en un gobierno que te pide que participes de un proceso gubernamental para luego permitir que se use esa información en tu contra. Esto es un abuso contra una comunidad que día a día aporta a la economía y bienestar social del país y las ramificaciones nos afectan a todos. La gobernadora y su gabinete tienen la responsabilidad de proteger y defender a toda costa a todos los que vivimos en Puerto Rico y enfrentar cualquier solicitud nefasta del gobierno federal mediante todas las alternativas posibles”, indicó la directora de Hispanic Federation.
Asimismo, hizo un llamado a la Legislatura para aprobar el Proyecto de la Cámara 331 que propone adoptar la ‘Ley para la Protección de los Derechos y el Acceso a Servicios Libre de Discrimen’ para, entre otras cosas, clarificar y uniformar los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las entidades gubernamentales y las autoridades federales de inmigración.
”A su vez, exigimos que todos los funcionarios del gobierno de Puerto Rico tengan la voluntad política y humana de tomar acciones concretas para proteger la población inmigrante dentro de sus distintas áreas de trabajo y/o jurisdicciones”, expresó la directora.
“Más aún ante esta administración federal, la cual está constantemente violando los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes e ignorando órdenes judiciales. Así lo están haciendo docenas de jurisdicciones en los Estados Unidos que han optado por proteger a sus comunidades inmigrantes y otras marginadas al enfrentar requerimientos similares de parte del gobierno federal”, añadió.