La Guardia Nacional de Estados Unidos, una fuerza de reserva que sirve como Ejército en la sombra y cuyos efectivos se encuentran bajo control federal pero también estatal, ha vuelto a llenar titulares durante este fin de semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, recurriera a estas unidades para sofocar las protestas de Los Ángeles contra su dura política migratoria.
El mandatario ha hecho uso de su poder presidencial para lograr el despliegue de cientos de efectivos –un contingente de unos 2,000 durante para un periodo de 60 días– y prestar ayuda a las fuerzas de seguridad y agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), encargado de las deportaciones masivas que han hecho salir a la calle a miles de personas durante los últimos días.
La medida ha salido adelante, esta vez, sin la aprobación del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que ha asegurado que la decisión del magnate ha sido tomada “a la ligera” y supone una “provocación” que ha generado imágenes de caos en la localidad.
El propio Newsom ha acusado al secretario de Defensa del país, Pete Hegseth, de comportarse como un “perturbado” al sugerir incluso el despliegue de los Marines en caso de que continúen los disturbios por la detención de decenas de migrantes para su posterior expulsión. En este sentido, ha apuntado a la Administración como principal responsable del aumento de la violencia: “son ellos los que han creado la tensión que se ha visto a través de televisión”.
Con una cifra de más de 400,000 militares en la recámara, esta Guardia Nacional fue creada a principios del siglo XX y ha sido desplegada históricamente para lidiar con graves catástrofes naturales, como el huracán Katrina en 2005 o los virulentos incendios forestales que tuvieron lugar a principios de este año en el estado de California –esa vez con el visto bueno del gobernador–.
LA AMBIVALENCIA LEGAL
El despliegue de esta fuerza, que ya fue utilizada por el propio Trump durante las manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía, responde a casos excepcionales y no puede ser utilizada para sacar adelante las labores generalmente encomendadas a las fuerzas de seguridad, tal y como establece la legislación del país norteamericano.
Es precisamente la normativa estadounidense la que traza un vínculo entre el despliegue de la Guardia Nacional y las situaciones de emergencia extraordinaria, como el asalto al Capitolio que tuvo lugar en enero de 2021 tras la derrota de Trump en las presidenciales de noviembre.
La Ley de Insurrección establece el mecanismo a seguir para poder activar el uso de esta fuerza en momentos de “rebelión”. Sin embargo, Trump ha recurrido a una normativa que le permite asumir las competencias estatales para convertirlas en federales y poder así desplegar estas tropas. Para ello, ha hecho uso del conocido Título 10, que establece el funcionamiento de las fuerzas estadounidenses.
Esto le permite ponerse por delante del gobernador californiano, si bien establece tres únicos escenarios para hacer federal el papel de la Guardia Nacional: ante una invasión o un peligro de invasión, ante una posible rebelión y ante la imposibilidad de hacer cumplir la legislación mediante el uso de las fuerzas de seguridad.
Para Trump, estas protestas son violentas, amenazan las instalaciones federales para la detención de migrantes y “suponen actos de violencia que obstaculizan directamente las labores de las fuerzas de seguridad”, por lo que asegura que constituyen una forma de rebelión contra el Gobierno de Estados Unidos.
AMENAZAS DE TRUMP
La situación ha provocado una rápida escalada de tensión entre el gobernador y la Administración Trump, que ha amenazado incluso con detener a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, si estos entorpecen las labores de los agentes. Ha sido precisamente Tom Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’ de Trump, el que ha puesto sobre la mesa esta posibilidad.
“Es un delito grave resguardar y ocultar a sabiendas a un inmigrante ilegal. Es un delito grave impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo”, ha asegurado, antes de reprochar que las autoridades locales están dando prioridad a cuestiones políticas “por delante de la seguridad”.
Así, les ha pedido que “den las gracias a Trump por hacer de California un lugar más seguro” en vez de “aplaudir a los manifestantes”, unas declaraciones que chocan con la postura de Newsom, que insiste en que Washington está creando “un espectáculo” abocado al “caos”.
Mientras, las autoridades californianas han denunciado que el Gobierno carece de potestad para este despliegue y han advertido de que recurrirán a la justicia para frenar las acciones del presidente. El gobernador afirma que Trump “está mintiendo a la gente” y ha denunciado que las autoridades federales “nunca coordinaron” con las autoridades locales la posibilidad de desplegar una fuerza que, a priori, ni siquiera fue solicitada. “Hay un protocolo, hay un proceso. A él no le importó. Y lo peor es que mintió completamente”, ha criticado.
Es por ello que ha enviado una carta a Hegseth para pedirle, como paso previo, que revoque este despliegue y devuelva el posible uso de esta medida al “control legítimo del estado de California”, que decidirá en última instancia si debe o no desplegarla. Además, ha insistido en que las fuerzas de seguridad tienen la situación bajo control.
Dada la existencia de unas leyes un tanto ambiguas, que abordan de forma paralela la cuestión del despliegue como algo estatal y federal, no está claro si la demanda contra Trump prosperará o si el presidente está habilitado a activar este mecanismo incluso sin mediación alguna del gobernador del estado afectado.
ANTECEDENTES
El expresidente George H. W. Bush sí recurrió a la Ley de Insurrección para hacer frente a los fuertes disturbios de 1992 en Los Ángeles, que tuvieron lugar después de que varios agentes de Policía fueran absueltos a pesar de que aparecían en un vídeo golpeando violentamente al taxista afroamericano Rodney King tras una persecución.
Dichos enfrentamientos, que dejaron más de 60 muertos y 2,000 heridos, se resolvieron tras la intervención de la Guardia Nacional, el Ejército y las fuerzas de seguridad. A pesar de que incluso el entonces alcalde de la ciudad, Tom Bradley, se mostró contrariado ante la resolución judicial, Bush defendió el sistema de jurado. No obstante, fue el mismo Bradley el que solicitó el despliegue de esta fuerza.
Unas tres décadas antes, 14,000 efectivos fueron desplegados también en Los Ángeles durante los conocidos como Disturbios de Watts, que comenzaron después de que Marquette Frye, un afroamericano de 21 años, fuera arrestado por conducir ebrio. El entonces gobernador, Pat Brown, ordenó la movilización de estos efectivos en el barrio de Watts.
Eso convierte a Trump en el primer presidente desde 1965 en ordenar el despliegue de la Guardia Nacional sin contar con autorización previa por parte del gobierno estatal. Aquel año, el presidente Lyndon B. Johnson movilizó a esta unidad en el estado de Alabama para garantizar una marcha pacífica a favor de los derechos civiles entre Selma y Montgomery.