La empresa Physician Correctional, que maneja el sistema de salud correccional y cuyo panel médico de cinco doctores está siendo evaluado por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (JLDM), se desligó del proceso disciplinario sobre los galenos y su intervención en el caso de Hermes Ávila.
La JLDM ya celebró una primera vista sobre los médicos que participaron del proceso en el Departamento de Corrección y Rehabilitación que culminó con la liberación del convicto asesino, lo que dio paso a que este asesinara a Ivette Joan Meléndez Vega. Los médicos de Physician Correctional fueron referidos al ente regulador por el Departamento de Justicia.
“La vista celebrada por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica responde a una evaluación relacionada con la práctica profesional de los médicos y sus ejecutorias en su carácter personal, y no está vinculada a la corporación Physician Correctional”, comunicó el portavoz de prensa de la compañía, José Cruz, a Metro Puerto Rico.
Aseguró que cada médico lleva su propia representación legal, por lo que Physician Correctional “no está involucrado”.
Por su parte, el presidente de la JLDM, Ramón Méndez Sexto, se negó a proveer detalles de la vista.
“Por tratarse de un procedimiento cuasi judicial, la Junta está legalmente obligada a proteger el debido proceso y los derechos de todas las partes. En cumplimiento con dicho marco normativo, no emitiremos comentarios adicionales sobre el fondo del caso”, leen las declaraciones escritas autorizadas del galeno.
Añadió que la vista se realizó de acuerdo con los procesos administrativos que rigen el Reglamento General de la Junta y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Además, dijo que el caso se mantiene activo, conforme a procedimientos y alcances de la ley habilitadora de la JLDM, conocida como la Ley 139 del 2008.
Cancelación del contrato de Physician
El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, afirmó en Radio Isla que cancelará el contrato de Physician Correctional, aunque reitera que debe identificar otro proveedor que tome las riendas luego de esa anulación.
“Ese contrato se va a cancelar. Ese análisis teníamos que hacerlo de manera cuidadosa, sosegada porque es un asunto que, más allá de querer cancelarlo, envuelve un asunto legal […] Vamos a estar haciendo unos anuncios. Esa decisión está tomada”, concretó.
Este medio cuestionó a la empresa sobre la expresión de Quiñones Rivera, pero optó por no emitir comentarios.
La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (Dipac) del Departamento de Justicia refirió en octubre del año pasado a la JLDM las doctoras Deborah Arús Rosado y Gladys Quiles Santiago y a los doctores Cristóbal Antrón Ávila, Pedro Pérez Arindell y Jeffrey González Morales.
“Si bien es cierto que la conducta identificada no es constitutiva de delito, debía ser evaluada por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica ante el posible incumplimiento con las prácticas establecidas por la profesión”, lee la recomendación de la pesquisa de Dipac.
También apuntó que ninguno de los miembros del panel médico de Physician Correctional hizo órdenes médicas para actualizar la condición de salud y corroborar si era terminal.
Ávila Vázquez, quien cumplía una sentencia de 122 años por el asesinato de una mujer en 2005, entre otros cargos, había sido liberado erróneamente en 2023, bajo la ley para el egreso de pacientes confinados con SIDA u otras enfermedades terminales (Ley 25 del 1992), por supuestamente padecer paraplejía. En abril del 2024, asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega, delito por el que cumple 102 años de prisión.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.