Tuesday, June 10, 2025
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Mujer dominicana detenida con visa vigente está incomunicada en Texas: ACLU exige acción directa a la gobernadora

Aracelys, una trabajadora dominicana con visa de trabajo vigente y permiso humanitario (“Advance Parole”), fue trasladada sin ser procesada a un centro de detención en El Paso, Texas, tras ser arrestada la semana pasada por agentes federales de inmigración en Cabo Rojo, confirmó la ACLU de Puerto Rico.

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La organización denunció que la mujer —sobreviviente de violencia doméstica— continúa incomunicada, sin acceso a su familia ni representación legal.

Aracelys tenía:

  • Visa de trabajo aprobada desde diciembre de 2023.
  • Permiso humanitario Advance Parole válido hasta 2029.
  • Estatus de sobreviviente de violencia doméstica bajo la ley federal VAWA.
  • Solicitud de residencia permanente en trámite.

La ACLU-PR envió una carta formal a la gobernadora Jenniffer González para exigir la liberación de Aracelys, transparencia sobre la colaboración del gobierno con ICE, y el cese inmediato de intervenciones como la ocurrida en Cabo Rojo.

La mujer fue detenida el 5 de junio tras acudir al municipio para registrar un pequeño negocio. Según la denuncia de ACLU-PR, un agente de la Policía Municipal contactó a ICE sin orden judicial ni autoridad legal, lo que facilitó el arresto de la mujer pese a tener su documentación en regla.

“Delatada por el gobierno municipal”

El director legal de la ACLU, Fermín Arraiza, denunció que la detención “viola la Quinta Enmienda y el debido proceso”, y advirtió que el agente municipal involucrado podría enfrentar consecuencias civiles y penales. El alcalde Jorge A. Morales dijo no haber ordenado la intervención, pero la organización de derechos civiles exigió que Cabo Rojo implemente protocolos claros de no colaboración con ICE.

La directora ejecutiva de ACLU-PR, Annette Martínez Orabona, calificó la detención como un “atropello infame”, especialmente porque se trata de una mujer negra, jefa de familia, y protegida por leyes federales por ser víctima de violencia de género.

Exigen freno a colaboración del gobierno con ICE

La carta enviada a la gobernadora incluye una serie de exigencias puntuales:

  • Detener cualquier cooperación extrajudicial entre policías municipales y agencias federales de inmigración.
  • Revelar qué datos han sido compartidos con ICE.
  • Rechazar el Proyecto de la Cámara 139, que permitiría esta colaboración sin orden judicial.
  • Aprobar legislación como el P. de la C. 331, que protegería “lugares sensibles” como escuelas y hospitales.
  • Garantizar protocolos para proteger a personas inmigrantes en procesos de regularización migratoria.

568 arrestos y redadas en aumento

El caso de Aracelys ocurre mientras ICE intensifica su ofensiva en Puerto Rico. La directora en Puerto Rico y el Caribe de HIS, Rebecca González, declaró recientemente a NPR que su intención es “sacar al 100%” de los inmigrantes sin estatus legal, mientras Radio Isla reveló que ICE ha realizado al menos 568 arrestos en lo que va de año en la isla.

Ayer lunes, se reportó un nuevo operativo en Hato Rey, donde residentes denunciaron el uso de armas largas. En el fin de semana, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, confirmó que sostendría reuniones con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras revelaciones de que ICE solicitó listas de inmigrantes con licencias de conducir a distintas agencias del gobierno.

“Puerto Rico no puede ser cómplice”

La ACLU-PR advirtió que si la gobernadora no toma acción, “constituirá un aval estatal a la violación sistemática de derechos humanos”, y anunció que agotará todos los foros legales y públicos disponibles.

Manifestaciones en California

Las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han provocado manifestaciones en estados como California, donde se ha tenido que activar a la Guardia Nacional.

El mandatario ha hecho uso de su poder presidencial para lograr el despliegue de cientos de efectivos –un contingente de unos 2,000 durante para un periodo de 60 días– y prestar ayuda a las fuerzas de seguridad y agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), encargado de las deportaciones masivas que han hecho salir a la calle a miles de personas durante los últimos días.



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