La tensión social y política se intensifica en Estados Unidos tras la orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, de desplegar a la Guardia Nacional estatal con el fin declarado de “garantizar la paz y el orden”.
La medida se produce en un clima nacional marcado por protestas masivas contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se han concentrado principalmente en California y que ya han provocado que el presidente Donald Trump movilizara guardias nacionales e infantes de marina para hacer frente a los manifestantes.
Abbott, gobernador republicano de Texas, justificó la decisión de activar la Guardia Nacional, que dijo “usará todas las herramientas y estrategias para ayudar a las fuerzas de seguridad a mantener el orden”.
En una declaración en redes sociales, dejó claro que “la protesta pacífica es legal. Dañar a personas o propiedades es ilegal y llevará al arresto”. Abbott también anunció su intención de firmar una ley que, según él, permitirá a los agentes actuar con mayor libertad frente a lo que denominó “fiscales canallas”.
La movilización texana ocurre en paralelo al despliegue de la Guardia Nacional en California, ordenado por Trump. El foco de las protestas ha sido Los Ángeles, donde la resistencia a las redadas migratorias ha escalado en disturbios y enfrentamientos con la policía. En respuesta, la alcaldesa Karen Bass decretó un toque de queda la noche del martes hasta el miércoles.
Según las autoridades locales, las detenciones por altercados han ido en aumento, alcanzando las 197 personas este martes. El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, advirtió que el incumplimiento del toque de queda implicará arrestos, salvo para residentes, personal médico, fuerzas del orden y medios acreditados.
Desde el gobierno federal, la fiscal general Pam Bondi endureció el tono, señalando que la administración Trump “no tiene miedo de ir más allá” para controlar la situación. Incluso se ha planteado la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, que habilitaría el despliegue del ejército en las calles. “Haremos todo lo que esté dentro de nuestra autoridad legal para proteger a nuestros agentes del orden y a toda la gente de California”, afirmó Bondi.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, denunció que Trump está “destruyendo la democracia” y acusó al presidente de utilizar las fuerzas armadas para reprimir la disidencia. “Esto no es solo acerca de las protestas aquí en Los Ángeles. Otros estados son los siguientes. La democracia es la siguiente”, advirtió Newsom, quien hizo un llamado a la movilización pacífica.
La controversia también ha cruzado fronteras. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de “falsas” las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem, quien insinuó que México estaba detrás de las protestas. Sheinbaum aseguró que su gobierno apoya únicamente las manifestaciones pacíficas y que las acusaciones son una tergiversación interesada.