La gobernadora Jenniffer González reiteró este martes que el gobierno de Puerto Rico no entregará información sobre menores bajo custodia del Departamento de la Familia a agencias federales de inmigración, a menos que exista una orden judicial clara y específica.
“Nosotros no vamos a dar ningún tipo de información a menos que no haya una orden del tribunal. Tiene que ser una orden que demuestre que la información es tan relevante que pone en riesgo la vida del menor”, expresó la mandataria durante una conferencia de prensa.
Las declaraciones surgen luego de que trascendiera que ICE solicitó información sobre dos menores bajo custodia estatal. La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, confirmó la solicitud, pero indicó que fue denegada por no estar acompañada de una orden del tribunal, como establece el protocolo vigente.
Sin embargo, esta postura contrasta con la entrega reciente al gobierno federal de una base de datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que incluía información sobre personas con licencias de conducir sin estatus migratorio definido. En aquel caso, el gobierno defendió la divulgación del documento alegando que se trataba de una citación judicial (subpoena) válida. Ahora, en cambio, la gobernadora insiste en que para casos de menores se requiere “una orden judicial del tribunal” y no una mera citación legal.
“El único que puede ordenar al Departamento de la Familia a dar información sobre un menor en custodia es el tribunal. Nadie más”, sostuvo González.
Según explicó, el estándar en estos casos es más alto debido a la necesidad de proteger la vida, privacidad y seguridad de los menores involucrados. “Vamos a proteger la identidad y la vida de los menores a toda costa”, enfatizó.
La directora de HIS en Puerto Rico, Rebecca González dijo ayer en televisión (Primera Pregunta) que los jóvenes ya no son menores de edad. Ante esa declaración, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig dijo hoy también en televisión (Día a Día) que en Puerto Rico se les considera menores hasta los 21 años de edad.
La funcionaria federal también dijo que están consultando con fiscalía federal para la gestionar la orden judicial, a lo que la gobernadora respondió “que la consiga”.
La Primera Ejecutiva no quiso anticipar si el gobierno local intervendría ante el tribunal en la gestión de la búsqueda de esa orden por parte del gobierno federal.
El tema surge en medio de denuncias por operativos migratorios recientes, como la detención en Cabo Rojo de una trabajadora dominicana con visa legal, caso denunciado por la ACLU de Puerto Rico. La mujer permanece detenida en un centro federal en El Paso, Texas, mientras se exige una explicación sobre la posible colaboración del gobierno local con agencias federales.