El Senado de Puerto Rico aprobó el lunes crear una ley para para viabilizar el desarrollo, financiamiento y venta de residencias dirigidas a compradores de alto poder adquisitivo, tanto local como extranjero.
El Proyecto del Senado 543, presentado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, propone la creación de la “Ley Para la Promoción de Residencias de Alto Impacto Económico”.
La medida responde al mercado inmobiliario local actual, donde se ha incrementado la demanda por viviendas lujosas. Actualmente, el desarrollo de este tipo de viviendas está regulado por la Ley 130 de 1967, enfocada en proteger a compradores de viviendas tradicionales.
El proyecto senatorial permitiría a urbanizadores acogerse a un marco alterno, siempre que las unidades excedan los precios fijados por FHA y que se obtenga una “Licencia Especial de Urbanizador de Residencias de Alto Impacto Económico” ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Esto los eximiría del cumplimiento de la Ley 130 y otras regulaciones, excepto en aquellos casos donde DACO retenga jurisdicción.
El urbanizador interesado debe notificar a DACO dentro de 30 días de haber solicitado su permiso de construcción y someter copia de su solicitud de licencia. Esta licencia será intransferible y estará sujeta a revocación si se incurre en faltas como proveer información incorrecta, incumplir órdenes finales o cometer prácticas indeseables, entre otras. La medida también impone estrictas normas sobre la administración de depósitos, exigencias de transparencia en publicidad, y mantenimiento de registros contables y legales del proyecto.
El proceso de solicitud incluye requisitos como demostrar experiencia, capacidad financiera, historial de litigios y documentación legal. DACO tendrá 30 días laborables para aprobar o rechazar una solicitud completa; de no hacerlo, se considerará aceptada automáticamente. Asimismo, se requiere la firma de contratos de depósito especial para los fondos entregados por compradores, los cuales podrán ser utilizados para gastos de construcción solo si se deposita previamente una fianza en DACO. Si el urbanizador incurre en fraude, estos fondos deberán ser devueltos.
Otros proyectos aprobados
También se aprobó el Proyecto del Senado 643, una medida de Administración presentada por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), que modifica la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico” a fin de revisar la composición de la Junta de Subastas. Se eliminaría el requisito de que los miembros sean recomendados por entidades externas como el Contralor o el Colegio de CPA, los cuales nunca realizaron dichas nominaciones, y transfiere esa responsabilidad de forma exclusiva al Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Esta acción busca asegurar el funcionamiento continuo y ágil de la Junta, componente clave para garantizar procesos de compra gubernamentales.
Por otro lado, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 615, de la autoría del presidente del Senado a petición de la Federación de Alcaldes, que reforma el “Código Municipal de Puerto Rico” mediante varias enmiendas. La misma, redefine procesos en la administración municipal, tales como el establecimiento de sueldos de alcaldes, la fiscalización de auditorías internas, la gestión de compras y subastas, y la agilidad en los procedimientos de expropiación por estorbo público. Se corrigen errores de redacción, se reorganizan definiciones y se ajustan disposiciones sobre la composición de las legislaturas municipales.
En el ámbito social, se aprobó el Proyecto del Senado 442, de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, que enmienda la “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada” para disponer que la Oficina acompañe y oriente a los adultos mayores que sean víctimas de delito o maltrato en los procesos judiciales y administrativos contra los responsables. Esto busca garantizar que los adultos mayores cuenten con respaldo técnico y emocional durante procedimientos complejos, replicando el modelo de intercesoras existente para casos de violencia doméstica.
“Es una medida que responde al llamado urgente de proteger con dignidad y eficacia a uno de los sectores más vulnerables en nuestra sociedad, que son las personas adultos mayores que son víctimas de delitos o de maltrato”, expresó la autora de la medida, la senadora Barlucea Rodríguez. Mientras, a su vez, el senador Luis Javier Hernández Ortiz, felicitó al Alto Cuerpo y la senadora por la radicación del proyecto. “Nos parece que esta medida es una de avanzada. Esta pieza legislativa está alineada con la legislación que hemos presentado en este Senado para proteger a nuestra población de adultos mayores. El proyecto que estamos discutiendo hoy ha sido avalado por la propia Oficina de las Personas de Edad Avanzada, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia y la Oficina de Administración de los Tribunales”, comentó Hernández Ortiz.
Como parte del compromiso con la memoria histórica, se aprobaron dos resoluciones conjuntas. La Resolución Conjunta del Senado 38 designa el puente localizado en la carretera PR-856, en el barrio Barrazas de Carolina, con el nombre de “Don Jaime Fernández Morales (QEPD)”, en homenaje a su legado como servidor público del Departamento de Obras Públicas y líder comunitario por más de 30 años. Por su parte, la Resolución Conjunta del Senado 41 honra la figura del Cacique Agüeybaná designando con su nombre la carretera PR-355 que discurre entre los municipios de Guayanilla y Yauco, reconociendo así su rol como líder y símbolo de resistencia e identidad cultural puertorriqueña.
En cuanto a resoluciones investigativas, el Alto Cuerpo dio paso a la Resolución del Senado 134, de la autoría de la senadora Roxanna Soto Aguilú para hacer una investigación sobre la ejecución, administración y efectividad del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), para examinar el impacto de posibles recortes federales. Asimismo, con la Resolución del Senado 175, de Brenda Pérez Soto, para investigar las condiciones de varias carreteras en los municipios de Vega Baja y Morovis.
Del lado de la Cámara de Representantes y de Administración, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 504, una reforma técnica y operativa al sistema contributivo que modifica múltiples disposiciones del Código de Rentas Internas, el Código de Incentivos y el Código Municipal. La medida promueve la consolidación de informes de nómina entre el Departamento de Hacienda y el Departamento del Trabajo, simplifica las fechas de radicación de planillas y mejora la fiscalización mediante el intercambio digital de información entre agencias. También redefine aspectos contributivos de entidades como fideicomisos, LLCs y entidades conducto, alineando estos cambios con el Plan Fiscal vigente para lograr mayor eficiencia.
Igualmente, se aprobó el Proyecto de la Cámara 506, que establece el marco legal para centralizar la radicación y cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI). Esta medida permitirá uniformar los procesos entre municipios, reducir los costos de cumplimiento para comerciantes y mejorar la captación de ingresos, garantizando al mismo tiempo que los recaudos municipales sean transferidos íntegramente a sus gobiernos locales, sin retención alguna.
A su vez, el Proyecto de la Cámara 371, que enmienda el “Código Municipal de Puerto Rico” para extender la jurisdicción de la Policía Municipal al interior de las facilidades de transportación colectiva y vial dentro de los límites territoriales del municipio. Esto permitirá que los municipios establezcan acuerdos colaborativos con la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) para asumir funciones de vigilancia en estaciones del Tren Urbano, terminales y otras instalaciones públicas. La medida autoriza la reasignación de fondos previamente destinados a seguridad privada, permitiendo una respuesta más efectiva y una presencia policial más cercana a las comunidades.
Lo mismo con el Proyecto de la Cámara 406, que busca crear la “Ley de la Policía de Puerto Rico”, entre sus disposiciones más importantes, separa la estructura de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP), entre otras cosas. El informe de la Comisión de Seguridad y Asuntos del Veterano cita que aunque reconocen que “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, ha logrado importantes avances en el ámbito de la seguridad de Puerto Rico entre sus componentes y con otras agencias gubernamentales, “es importante distinguir que, en lo que respecta al funcionamiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico, éste ha enfrentado serios tropiezos desde su conversión de una entidad autónoma a un Negociado adscrito a otra dependencia gubernamental. Este Proyecto se enmendó en aras de que pueda cumplir con el propósito fundamental de proveer al Gobierno de Puerto Rico, a través de la Policía de Puerto Rico, las herramientas necesarias para proteger la vida y propiedad de las personas”.
“Los policías pedían autonomía, el comisionado pedía autonomía. Después que nosotros aquí demos este voto, vamos a poner a los policías en una visión donde el que los dirige, los administra, es el que les paga, es el que les administra sus necesidades. Esto se hace para que la policía siga progresando, para darle las herramientas al superintendente para que él pueda trabajar con la policía y los policías se sientan a gusto del que los dirige”, sentenció el senador Gregorio Matías Rosario.
Finalmente, como parte de los trabajos, el Senado brindó su consentimiento y confirmó una serie de nombramientos del Ejecutivo, en distintas posiciones. Los licenciados Stephanie Nicole Pérez Díaz, José Alberto Alicea Matías, Jaslene Marie López Lasanta, Xiomara Ivelisse Quiles Morales y Shana Gabriella Carmen Gould como Fiscal Auxiliar I. A su vez, como Fiscal Auxiliar II, los licenciados Patricia Lugo Rodríguez y Shaquille Mercado Rivera. Del mismo modo, la licenciada Welda Isset Rivera Soto que fue confirmada como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, en ascenso.
Igualmente, se confirmó a Ángel L. Rosendo Martínez y el licenciado Frank O. Rosado Sánchez como Miembros Asociados de la Junta de Libertad Bajo Palabra. También, el Senado brindó su consentimiento al ingeniero Anthony Y. Yrimia-Herrera como Comisionado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico; la licenciada Jessica Ñeco Morales como Comisionada en la Comisión de Practicaje; el doctor Juan M. Corchado Juarbe como Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos; y el doctor Aniello Alberti Poventud como Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música.