La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al senador Gregorio Matías Rosario que el Proyecto del Senado 127, que busca crear un retiro incentivado para empleados esenciales, violaría el Plan de Ajuste de la Deuda, la ley PROMESA, y el Plan Fiscal certificado.
En una carta enviada el jueves al senador Matías, autor de la pieza legislativa, la JSF reiteró su oposición a la medida y alertó que su aprobación podría exponer al gobierno a “litigios costosos”.
El proyecto ya ha tenido vistas públicas en el Senado donde la Junta de Retiro planteó que actualmente 2,208 empleados podrían beneficiarse de la medida. En el proceso legislativo se advirtió que el impacto fiscal aumentaría a un déficit de $219 millones en un periodo de 12 años, debido a la inclusión de una pensión vitalicia equivalente al 50% del salario promedio más alto.
“El PAD y la Orden de Confirmación prohíben al Gobierno promulgar una nueva legislación que aumente ‘cualquier pago u obligación de pensión de beneficio definido a jubilados actuales o futuros’ por un periodo de 10 años. El Proyecto, si se promulga, violaría el PAD y la Orden de Confirmación al crear nuevos beneficios de pensión”, sostuvo la JSF en su carta al senador Matías.
El autor de la medida ya había afirmado en el proceso de vistas públicas senatoriales que “la Junta de Control Fiscal verdaderamente llegó impuesta. Yo les pido que nos den las herramientas para luchar con la Junta, para nosotros lograrlo, ya que estos hombres y mujeres depositaron el voto en nosotros. No es para decir no podemos”.
La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) también levantó bandera en el proceso de vistas públicas, ya que no hay una definición clara en el proyecto sobre “empleado escencial”.
Mientras tanto, la JSF recordó que el Plan Fiscal y el PAD se ratificaron mediante una orden de un tribunal federal que obliga a las tres ramas del Gobierno del Estado Libre Asociado, y que promulgar el PS 127 en su forma actual expondría al Estado Libre Asociado a riesgos de litigio “innecesarios y costosos”.
El ente fiscal explicó que la medida contradice directamente el acuerdo parcial de implementación de la Ley 80-2020, aprobado por el tribunal en marzo de 2024 tras negociaciones entre la Junta y el Gobierno. Ese acuerdo autorizó el retiro incentivado únicamente para empleados no esenciales, conforme a una lista consensuada entre ambas partes.
“El Proyecto contradice la Estipulación Final y la Orden porque intenta ampliar el alcance de la Estipulación Final, según se establece en la Orden Final, para incluir empleados adicionales”, indicó la JSF.
FOMB Letter – Senate – Substantive 204(a)(6) Response Letter – SB 127 – June 13, 2025 by fabiana.delpin on Scribd
Asimismo, señalaron que el PS 127 provocaría un aumento en los gastos públicos sin que se establezcan mecanismos claros para mitigar su impacto fiscal.
“El Proyecto, tal como está redactado, tendrá un impacto fiscal negativo, y cualquier proyecto con tal impacto que no identifique el financiamiento adecuado no es neutral en cuanto a ingresos, es inconsistente con el Plan Fiscal y, si se promulga, violaría PROMESA”, afirmaron.
Aunque la medida plantea que los ahorros en nómina cubrirían el gasto, la JSF argumentó que “no provee ningún mecanismo que asegure que esos ahorros sean suficientes o que las plazas vacantes permanezcan sin ocupar”. Al tratarse de empleados esenciales, advirtieron, el servicio público debe mantenerse, lo que implicaría volver a llenar esas plazas.
“La aprobación de legislación que contravenga la Estipulación Final y la Orden Final, que viole el PAD y PROMESA, y que sea inconsistente con el Plan Fiscal, representa un acto de irresponsabilidad fiscal, compromete la recuperación financiera de Puerto Rico y devuelve a la Isla a las prácticas de gasto que llevaron a su bancarrota y a la promulgación de PROMESA”, concluyó la JSF.