Saint Paul, Minnesota — Vance Luther Boelter, de 57 años, quien era intensamente buscado por el asesinato de la congresista estatal Melissa Hortman y su esposo, fue arrestado el domingo tras una extensa persecución que mantuvo en alerta máxima a las autoridades de Minnesota durante más de 36 horas.
Boelter también está acusado de herir gravemente al senador John Hoffman y a la esposa de este, en un ataque premeditado que ha sacudido al liderazgo político del estado.
El sospechoso fue capturado sin resistencia en una zona rural de Green Isle, al suroeste de Minneapolis, gracias a una combinación de imágenes de vigilancia, el rastro dejado por su vehículo y un sombrero de vaquero que permitió su identificación.
El operativo ha sido catalogado como “la cacería humana más grande en la historia del estado”. Boelter se había hecho pasar por un policía para acceder a la casa de Hortman en Brooklyn Park, utilizando un uniforme falso y un vehículo adaptado, según las autoridades.
Durante el registro de su vehículo, agentes del FBI hallaron una lista escrita a mano con cerca de 70 nombres de posibles víctimas. Entre ellos figuraban el gobernador Tim Walz, la congresista federal Ilhan Omar, los senadores Amy Klobuchar y Tina Smith, el fiscal general Keith Ellison, así como médicos, activistas y voluntarios vinculados a servicios de aborto.
También aparecían las cuatro víctimas del ataque del sábado. La existencia de este documento ha reforzado la hipótesis de que Boelter actuó motivado por razones políticas e ideológicas, con un claro patrón de hostilidad hacia figuras progresistas y defensores del derecho al aborto.
La legisladora Hortman, expresidenta de la Cámara estatal, fue asesinada en su hogar en presencia de su esposo, quien también falleció. La escena, según informes policiales, indicaba una acción cuidadosamente planificada. Hoffman, por su parte, continúa hospitalizado junto a su esposa, ambos con pronóstico reservado.
Boelter, que no tenía antecedentes penales relevantes, dirigía una pequeña empresa de seguridad privada y una organización cristiana conservadora llamada Revoformation Ministries. También había sido voluntario en una junta estatal de desarrollo laboral durante administraciones demócratas, lo que ha causado sorpresa entre quienes lo conocieron en ese entorno. Sin embargo, en sus redes sociales y conversaciones privadas mostraba simpatías por el expresidente Donald Trump, fuerte oposición al aborto y al movimiento LGBTQ+, y promovía teorías sobre el colapso moral del país.
En mensajes enviados poco antes del ataque, Boelter expresó a un conocido que “podría estar muerto pronto”, lo que ha sido interpretado como una señal de que estaba dispuesto a morir tras ejecutar su plan. Tras el atentado, se ofreció una recompensa de 50 mil dólares por su captura y fue colocado en la lista de los más buscados por el FBI.
El gobernador Walz condenó el ataque como un acto de violencia política y urgió a las autoridades federales a intervenir. “No podemos permitir que el desacuerdo político se transforme en terrorismo doméstico”, expresó. Incluso el expresidente Trump, cuya retórica es citada como parte del clima de polarización, emitió un comunicado condenando el ataque y exigiendo “el máximo castigo permitido por la ley”.
Boelter enfrenta cargos estatales de asesinato e intento de asesinato en primer grado y podría ser acusado a nivel federal por el asesinato de un funcionario público. De ser hallado culpable, se enfrenta a la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.
Este ataque se produce en un contexto de creciente tensión política y violencia dirigida contra funcionarios en Estados Unidos. En las últimas semanas, otras figuras públicas han sido objeto de amenazas, y el FBI ha advertido sobre un aumento en los incidentes de extremismo doméstico vinculado a motivaciones políticas. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios electos y el peligro de la radicalización ideológica en el país.