Cada año, la discusión presupuestaria en Puerto Rico se convierte en una vitrina pública de las prioridades del gobernador de turno. El presupuesto no es meramente un conjunto de cifras: es una declaración política, un mapa que delinea hacia dónde se dirigen los recursos y, con ellos, los intereses, valores y apuestas del gobierno.
Tradicionalmente, el presupuesto ha servido como el principal instrumento de política pública del Ejecutivo. A través del mismo, un gobernador puede robustecer la inversión en salud, educación o infraestructura, así como implementar proyectos que sirvan de legado político. Pero desde la aprobación de la Ley PROMESA en 2016, esa dinámica ha cambiado de forma significativa.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por el Congreso de Estados Unidos, ha trastocado profundamente la autonomía presupuestaria del gobierno local. Aunque el gobernador y la Asamblea Legislativa aún redactan y aprueban un presupuesto, la JSF tiene la última palabra. Puede enmendarlo, rechazarlo o imponer su propia versión si considera que el presupuesto propuesto no cumple con el Plan Fiscal certificado.
Este control ha generado tensiones constantes entre el Ejecutivo y la JSF, con acusaciones mutuas de intransigencia, politización y falta de transparencia. No obstante, más allá del forcejeo político, la situación evidencia una verdad incómoda: Puerto Rico no controla plenamente su destino fiscal.
Bajo este marco, la elaboración del presupuesto se convierte en un ejercicio de negociación estratégica. El gobernador debe balancear sus promesas de campaña y prioridades de política pública con las exigencias técnicas y fiscales de la JSF, cuyas decisiones se fundamentan en el cumplimiento del Plan Fiscal y la estabilidad financiera, pero a menudo chocan con la realidad social y las necesidades del país.
Por ejemplo, recortes a la Universidad de Puerto Rico o a pensiones han sido defendidos por la JSF como medidas necesarias para cuadrar las finanzas, mientras que, para muchos sectores, representan ataques directos al desarrollo humano y la justicia social. Esta disonancia evidencia que, aunque el presupuesto debería ser una herramienta para construir un país más justo, en el Puerto Rico de la era PROMESA también funciona como un campo de batalla entre visión tecnocrática y voluntad democrática.
En última instancia, el presupuesto del gobierno ya no solo refleja las prioridades del gobernador, sino también los límites de su poder. La JSF, aunque no electa, tiene la capacidad de redefinir esas prioridades desde una lógica fiscalista que, a menudo, deja de lado el bienestar colectivo.
Es hora de abrir un diálogo más franco sobre el tipo de país que queremos y cómo el presupuesto puede convertirse, de nuevo, en una herramienta para alcanzarlo. Un país en crisis no solo necesita disciplina fiscal, sino también visión, equidad y compromiso con su gente.