En días recientes, el Senado aprobó una medida importante: devolverle autonomía a la Policía de Puerto Rico sacándola del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Aunque creo firmemente que el DSP debe ser eliminado en su totalidad, esta acción representa un paso positivo en la dirección correcta. La Policía necesita liderazgo propio, estructura funcional y autonomía operativa para cumplir con su misión de proteger a nuestro pueblo. Encadenarla a una superestructura burocrática como el DSP ha sido, desde su creación, un error que ha debilitado su capacidad institucional.
La experiencia ha sido clara: centralizar funciones tan distintas bajo un paraguas ha provocado lentitud en procesos, distanciamiento entre jefaturas y agentes, y confusión en líneas de mando. Devolverle, a la Policía, su comando es reconocer que la seguridad pública requiere agilidad, coordinación directa y respeto por la función especializada que ejercen nuestros policías.
Pero esta medida no puede verse de forma aislada. La defensa de la Policía también exige que asumamos compromisos concretos. Entre ellos, el más urgente es saldar la deuda moral y económica que representa el impago de horas extra a nuestros agentes. No se puede pedir sacrificio ni compromiso a quienes arriesgan su vida diariamente, mientras el Estado incumple su parte del acuerdo. Es inaceptable que miles de policías trabajen más allá de su jornada sin recibir el pago correspondiente por su esfuerzo.
Además, el tema del retiro de la Policía tiene que abordarse como lo que es: una deuda histórica del país con un sector que ha sido clave en el funcionamiento del gobierno. No se trata de ignorar la dificultad fiscal que enfrentamos, se trata de ir más allá de la superficie para garantizar los recursos. La identificación de fondos para garantizar un retiro digno a nuestros policías no es una concesión: es una responsabilidad. Un país seguro es tierra fértil para desarrollo económico, para turismo, para que sus ciudadanos aspiren a vivir y a superarse en él. Es hora de asumir con seriedad esa lucha y construir una solución permanente y justa.
Esta medida del Senado debe ser el inicio de una nueva visión de política pública sobre la seguridad en Puerto Rico. Una visión que reconozca la labor policial, restituya su dignidad institucional y atienda sus reclamos con voluntad real de cambio.