Tras ser devuelto por Fortaleza, el Senado de Puerto Rico aprobó nuevamente el proyecto senatorial para crear la Ley para la Protección de la Salud y el Bienestar de los Menores de Edad en Puerto Rico, en esta ocasión con las enmiendas solicitadas por Salud.
Se dio paso al Proyecto del Senado 350, anteriormente aprobado en ambos cuerpos legislativos, que establece esta ley. La medida prohíbe procedimientos médicos o quirúrgicos que alteren la biología sexual de los menores bajo el pretexto de una transición de género, incluyendo intervenciones hormonales irreversibles. Se establece una pena de quince años de reclusión para los infractores y una multa de $50,000 si se trata de personas jurídicas.
Ante los reclamos del secretario del Departamento de Salud, Víctor M. Ramos Otero y ser devuelto por la Gobernadora, el Alto Cuerpo enmendó el proyecto para añadir que aplicará “excepto en aquellos casos en donde ocurra una variante de hermafroditismo u otros casos que contengan alguna disfunción genética y/u hormonal fisiológica certificada por un endocrinólogo pediátrico y/o pediatra; quienes podrán realizar el tratamiento que las guías médicas permitan”.
“Además, la prohibición antes dispuesta no aplicará al tratamiento de condiciones médicas ajenas a la definición de mutilación química y quirúrgica contenidas en esta Ley”, cita el proyecto senatorial.
El Proyecto del Senado 503, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, enmienda el Código Penal de Puerto Rico para tipificar como delito menos grave la interrupción intencional de actividades religiosas mediante fuerza, intimidación o violencia. La propuesta añade un nuevo artículo al Código Penal para imponer una pena de hasta un año de reclusión a toda persona que atente contra el ejercicio colectivo del culto religioso.
Este proyecto responde a preocupaciones de comunidades de fe ante interrupciones recientes en actos públicos y busca garantizar el respeto a la libertad religiosa como derecho fundamental protegido tanto local como internacionalmente.
A su vez, se llegó a un acuerdo, mediante informe de conferencia la Resolución Conjunta del Senado 37, que enmendó el Presupuesto General para el año fiscal 2025, incrementándolo de $13,062 millones a $13,806 millones. El aumento proviene de fondos sobrantes del Fondo General y se destina a varias partidas esenciales, como $250 millones para cubrir costos imprevistos de Medicaid, $229 millones para apoyar el sector energético y $200 millones para afrontar incertidumbres fiscales. También se asignaron fondos para mejoras a escuelas públicas, el fortalecimiento del fideicomiso de pensiones, pagos por horas extra a la policía y programas de reciclaje en los municipios, entre otros. La medida responde a la necesidad de garantizar estabilidad fiscal y atender obligaciones prioritarias del Gobierno.
Entre las iniciativas tecnológica aprobadas, el Proyecto del Senado 460, del senador Jeison Rosa Ramos, que establece la Ley para la Utilización de la Licencia de Conducir Virtual, que otorga igual validez legal a la licencia de conducir digital emitida por CESCO Digital, tanto para trámites en el sector público y privado como en intervenciones con agentes del orden público. El proyecto promueve la modernización de servicios gubernamentales, permite la portabilidad y acceso seguro a través de autenticación biométrica y contribuye a un gobierno más ágil, digital e inclusivo.
Desde la Cámara de Representantes, se aprobó el Proyecto de la Cámara 540, que introduce varias enmiendas a la Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional. Se incluye al Departamento de la Familia entre las agencias obligadas a compartir información en el expediente digital y se exime al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) de los procesos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, para agilizar la reglamentación, además de establecer que las agencias tendrán un plazo de 10 días para digitalizar y subir documentos al expediente.
Por otro lado, mediante la Resolución Conjunta del Senado 33, se aprobó nombrar oficialmente la Represa Loíza, comúnmente conocida como “Carraízo”, con el nombre del doctor Antonio “Chago” Santiago Vázquez. Este reconocimiento honra a uno de los pioneros del ambientalismo y la planificación pública en Puerto Rico, artífice de la Ley de Política Pública Ambiental y gestor de grandes proyectos de infraestructura como el Superacueducto del Norte.
A su vez, mediante la Resolución Conjunta de la Cámara 56 se designa con el nombre de “José ‘Nia’ Rivera Díaz” el puente en la carretera PR-181 en Trujillo Alto. Esta designación honra la trayectoria del exalcalde de dicho municipio, quien también presidió la Federación de Alcaldes de Puerto Rico.