La Cámara de Representantes aprobó con 36 votos a favor una medida que propone imponer el cobro de arbitrios a las casetas en la zona de La Parguera en Lajas y que permite el uso de las mismas en la zona marítimo terrestre.
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La presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Elienette González Aguayo, presentó durante los trabajos de la sesión ordinaria un informe positivo sobre el Proyecto de la Cámara 269 tras la evaluación en vistas públicas de la legislación presentada por La Fortaleza que establecería una “Zona de Planificación Especial Turística” en La Parguera.
“Uno de los aspectos más importantes de esta medida es que se deja meridianamente claro que bajo ninguna circunstancia puede interpretarse en el sentido de que el gobierno de Puerto Rico está cediendo sus derechos sobre terrenos de dominio público y las aguas del litoral costero, llevando un mensaje claro de que La Parguera no se vende, no se transfiere y no se pierde”, manifestó la legisladora durante su exposición sobre la pieza legislativa.
La medida recibió el rechazo de las delegaciones de minoría parlamentaria bajo reclamos por parte de los legisladores sobre la intención de “legalizar” las 147 estructuras que están ubicadas en la zona marítimo-terrestre y que han sido objeto de controversias legales durante décadas.
La representante Adriana Gutiérrez Colón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), rechazó las enmiendas incluidas en el proyecto que otorgan las concesiones por un término de 20 años sujeto a la posibilidad de renovación al culminar ese período.
“No se trata de estar en contra del desarrollo económico, pero el desarrollo económico que debemos estar impulsando es uno sostenible, con un enfoque integral que considere no solo el crecimiento económico, sino también el impacto social y ambiental de las actividades económicas que se pretendan llevar a cabo. Esto, por supuesto, no es lo que pretende el Proyecto de la Cámara 269”, objetó la legisladora.
Mientras que, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, cuestionó la falta de opinión del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y otras agencias federales con jurisdicción sobre la zona de La Parguera durante el trámite legislativo del proyecto. La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, también emitió un voto en contra de la medida.
La representante González Aguayo insistió en que el proyecto “traerá una variedad de beneficios” para la zona de La Parguera, como la destinación de al menos 50% de los cánones cobrados a los programas de protección y “manejo adecuado” de la Reserva Natural.
Según se indicó, los cánones que se podrán cobrar serán entre un 5% y un 10% mayor a los establecidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a las marinas y muelles en Puerto Rico, según la legislación.
Además, aseguró que la medida ordena a los propietarios de las casetas el cumplimiento de unos requisitos que “pondrán fin a décadas de incertidumbre”. Entre ellos, los titulares tendrán 60 días a partir de la aprobación de la ley para presentar ante el DRNA certificaciones juramentadas por un ingeniero o agrimensor licenciado sobre la huella existente de las residencias y un diagrama actualizado de la superficie ocupada.
La presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, González Aguayo adelantó que esta gestión ya fue iniciada y varios dueños de las estructuras ya han iniciado comunicaciones con el DRNA para someterse al proceso. La legislación, de igual forma, prohibiría la construcción de nuevas casetas o la ampliación de las que ya están edificadas.
“La Parguera permanece y permanecerá bajo la protección y control absoluto del pueblo de Puerto Rico”, señaló la representante.