Karen Ortiz, una jueza administrativa de ascendencia puertorriqueña que criticó públicamente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que redefine legalmente el género como masculino o femenino —excluyendo identidades trans y no binarias— fue despedida esta semana por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, en inglés).
La EEOC, una agencia federal encargada de tramitar denuncias de discriminación laboral, incluyendo aquellas presentadas por personas transgénero, fue señalada por Ortiz por abandonar deliberadamente estos casos, lo que consideró una grave desviación de su misión de garantizar la equidad en el empleo.
En enero, Ortiz envió un correo masivo a cientos de empleados dentro de la agencia en el que criticó la política impuesta por la presidenta interina, Andrea Lucas, y denunció que la comisión había dejado de priorizar las reclamaciones de trabajadores LGBTQ+.
En una entrevista concedida en marzo, Ortiz explicó su decisión de alzar la voz: “Me enfrenté a una política que considero inmoral y jurídicamente insostenible. No podía quedarme callada mientras los derechos de personas trans eran ignorados deliberadamente”.
Desde entonces enfrentó represalias: perdió el acceso al correo interno, recibió una reprimenda formal y, finalmente, fue separada del cargo bajo el argumento de que su conducta era “poco profesional” y comprometía la integridad del cuerpo judicial de la agencia.
Ortiz rechaza esa justificación. En mayo, al impugnar su remoción, advirtió que se trataba de una represalia directa por haber denunciado lo que considera “una amenaza sistémica contra los derechos civiles”.
En abril, Lucas compareció ante el Congreso y confirmó que la EEOC estaba cumpliendo con las directrices impuestas por la administración Trump. Si bien reconoció que sigue vigente la jurisprudencia del caso Bostock v. Clayton County (2020), que protege a trabajadores LGBTQIA+ contra el despido por su orientación o identidad, también subrayó que la agencia debe obedecer las prioridades del Ejecutivo.
Esto ha resultado, según diversas fuentes internas, en la desestimación sistemática de casos relacionados con identidad de género.
Ortiz ya anticipaba las consecuencias. “Sabía que hablar me iba a costar”, dijo. “Pero prefiero ser recordada por haber defendido lo correcto, incluso si eso significa perderlo todo”.
En una entrevista telefónica con The Associated Press el miércoles, tras confirmarse su despido, dijo que la noticia era “muy triste”, aunque no la sorprendió. “Creo que la agencia se ha convertido en algo en lo que ya no sé si realmente querría trabajar allí. Han perdido el rumbo”, señaló.
Comprometida con defender los derechos civiles
Hija de padres puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos en la década de 1950 con escaso dominio del inglés, Ortiz creció en Garden City, Long Island, y se formó rodeada de una mayoría blanca. Su familia, marcada por el Movimiento por los Derechos Civiles, le inculcó desde joven el deber de defender a los demás.
“Está en mi ADN”, afirmó en otra entrevista con The Associated Press. “Usaré cada pizca de privilegio que tengo para apoyarme en esto”.
Ortiz obtuvo su título universitario en la Universidad de Columbia y se graduó en Derecho en la Universidad de Fordham. Desde la secundaria, donde participó en un juicio simulado como jueza de la Corte Suprema, supo que quería ejercer desde el estrado.
Cuando fue nombrada jueza administrativa en la EEOC, lo consideró la culminación de una vocación guiada por su compromiso con los derechos civiles. Esa misma convicción, asegura ahora, fue la que la llevó a perder el puesto.