En Puerto Rico desde tiempos inmemoriales, el gobierno acostumbra meterse en todo. Desde la economía hasta la cultura, desde los medios de comunicación hasta el deporte. Hay una tendencia histórica —y profundamente nociva— de querer regular, administrar o controlar ámbitos que, en una democracia saludable, deberían ser manejados por la sociedad civil, las comunidades o el sector privado. Uno de los ejemplos más claros de esta intromisión innecesaria es el deporte.
Que no se malinterprete: el deporte es vital para el desarrollo integral de las personas, fomenta valores, disciplina y cohesión social. Pero una cosa es apoyar, y otra es controlar. Lo que hemos visto por décadas en Puerto Rico es una estructura deportiva politizada, burocratizada, atada a favoritismos, subsidios sin rendición de cuentas y decisiones administrativas que responden más a intereses partidistas y/o particulares dentro de las federaciones que al desarrollo atlético del país.
Mientras tanto, se desperdicia tiempo, esfuerzo y recursos que muy bien podrían dedicarse a los verdaderos pilares de la sociedad —la educación, la seguridad, la salud y la vivienda.
El problema no es el deporte, es la prioridad
Que el Estado, por costumbre o conveniencia de algunos, se vea obligado a invertir millones en federaciones deportivas mientras hay necesidades apremiantes en nuestro sistema escolar, hospitales sin personal o miles de personas en necesidad de viviendas dignas es un reflejo distorsionado de las prioridades gubernamentales que nuestra isla ha heredado. Se celebran medallas y torneos con bombo y platillo, mientras se ignora que niños y jóvenes que podrían ser atletas no tienen dónde entrenar ni una alimentación y orientación personal y psicológica adecuada para poder dar el máximo en sus respectivas disciplinas.
Es un espejismo. Las federaciones por décadas se han lucido patrocinando competencias, vistiendo chaquetas con logos oficiales en eventos internacionales, pero abandona su responsabilidad de garantizar servicios esenciales. El deporte es parte de una sociedad sana, pero no puede ser excusa para abandonar la infraestructura básica del país.
¿Cuál debe ser el rol del Estado?
El Estado existe para garantizar derechos y servicios esenciales. Punto. Su función debe concentrarse en cuatro pilares:
- Seguridad pública: Proteger la vida y la propiedad, combatir la criminalidad, garantizar justicia.
- Salud: Asegurar acceso a servicios médicos de calidad, prevenir enfermedades, atender emergencias.
- Educación: Formar ciudadanos críticos, creativos, preparados para el futuro.
- Vivienda: Proveer alternativas dignas y seguras a todas las familias, sin importar su nivel económico.
Todo lo demás —incluyendo el deporte de alto rendimiento— debe ser facilitado, pero no controlado. El gobierno puede apoyar desde lo estructural: construir instalaciones, ofrecer incentivos fiscales, fomentar alianzas público-privadas. A su vez, las federaciones tienen que pasar de ser clubes donde permea el virus del amiguismo a ser entes cuyo único rol es velar por el bienestar, formación y desempeño de nuestros atletas.
La politización del deporte es solo un síntoma de un problema más profundo: un Estado que por décadas ha perdido su foco y ha permitido que las federaciones hagan de todo menos promover el desarrollo de nuestros atletas. En vez de dispersar recursos, deberíamos concentrarlos. En vez de intervenir en todo, deberíamos hacerlo bien en lo que verdaderamente importa.
Puerto Rico no necesita un Estado omnipresente ni federaciones que ponen los intereses de la gerencia por encima de los de los atletas; necesita un Estado competente que se asegure que los recursos que se dedican al deporte tengan el mayor rendimiento posible. Y eso empieza por redefinir las prioridades: menos anuncios en la tarima, más soluciones en el terreno. Ese es el compromiso de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, y su gestión durante estos primeros seis meses ha comprobado que donde pone la palabra, pone la acción.