El futuro de la política del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento sigue siendo incierto, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos limitara este viernes el poder de los jueces federales para emitir bloqueos judiciales de alcance nacional, pero sin autorizar de inmediato la entrada en vigor de la controvertida medida.
La decisión, adoptada por una mayoría conservadora, representa una importante victoria para Trump, quien ha acusado a los jueces federales de obstaculizar su agenda a través de medidas cautelares amplias.
Sin embargo, el fallo deja abierta la posibilidad de que la política —que busca negar la ciudadanía estadounidense a niños nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados— siga bloqueada mientras los tribunales inferiores ajustan sus decisiones al nuevo criterio.
En la opinión mayoritaria, la jueza Amy Coney Barrett explicó que los casos volverán ahora a las cortes de menor jerarquía, las cuales deberán revisar el alcance de sus órdenes para cumplir con los límites establecidos por el Supremo. Barrett aclaró además que la política no podrá entrar en vigor durante al menos 30 días.
La iniciativa presidencial se basa en una reinterpretación del principio de ciudadanía por nacimiento garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución. Diversas cortes federales habían paralizado su implementación mediante órdenes de alcance nacional, al considerar que violaba derechos fundamentales y excedía la autoridad del Ejecutivo.
La sentencia del viernes no valida la legalidad de la política, pero debilita una herramienta clave utilizada hasta ahora por jueces para frenar medidas del Ejecutivo que afectan a todo el país.
En una enérgica opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor acusó a la mayoría de actuar con “vergonzosa” complicidad al facilitar lo que describió como una táctica deliberada de la Administración para imponer políticas “claramente inconstitucionales” sin revisión de fondo.
“La amenaza hoy es a la ciudadanía por nacimiento. Mañana, una administración distinta podría intentar confiscar armas a ciudadanos respetuosos de la ley o impedir que personas de ciertas religiones se reúnan para adorar”, escribió Sotomayor, advirtiendo que el fallo deja desprotegidos derechos fundamentales bajo el “nuevo régimen legal” creado por el tribunal.
En un gesto inusual que subraya la gravedad que atribuyó al caso, la magistrada leyó fragmentos de su disenso desde el estrado. “Con el trazo de una pluma, el presidente ha convertido nuestra Constitución en una burla solemne. En lugar de mantenerse firme, la Corte se rinde. Porque esa complicidad no debería tener lugar en nuestro sistema legal, disiento”, afirmó.
Pese a que la política sigue suspendida por el momento, el gobierno celebró la decisión como una victoria estratégica. La fiscal general, Pam Bondi, calificó el fallo como el fin del “aluvión interminable de órdenes judiciales nacionales contra el presidente Trump” y prometió que el Departamento de Justicia seguirá defendiendo la autoridad del Ejecutivo para aplicar sus políticas.