El Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático deberá ser aprobado por disposición automática, luego de que la Asamblea Legislativa no actuara sobre el documento antes del cierre de la sesión ordinaria. Así lo establece la Ley 33-2019, que ordenó la creación del plan como política pública para enfrentar los efectos del cambio climático en Puerto Rico.
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Ahora el documento debe ser evaluado por la gobernadora Jenniffer González Colón, quien tendrá que decidir si lo firma o lo veta en su totalidad. Esto sucederá si no surge alguna medida durante el fin de semana para revertir el proceso legislativo ya culminado.
Para el analista político, Jorge Colberg Toro es poco probable que esto suceda, por lo que sólo queda responder el cómo la gobernadora manejará la situación.
“Lo que pasa es que ya no pueden cambiar la fecha porque se terminó el último día de aprobar medidas. (…) ¿Cómo la gobernadora maneja esta situación donde van a chocar los sectores privados, desarrolladores, empresarios que objetan el plan y, por otro lado, la comunidad científica y académica?”, expresó Colberg Toro en entrevista con Metro Puerto Rico.
La Ley 33-2019 estableció que, una vez el Comité de Expertos sometiera el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, la Asamblea Legislativa tenía hasta la siguiente sesión ordinaria para evaluarlo. Según explicó Colberg Toro, como el informe se presentó en un año electoral, el término efectivo se trasladó a la sesión ordinaria que acaba de concluir.
Al no atenderse dentro de ese periodo, aplica la disposición legal que dicta que “si al finalizar la Sesión Ordinaria para su consideración, la Asamblea Legislativa no ha actuado en cuanto al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, se entenderá que el Plan fue aprobado y será remitido al Gobernador de Puerto Rico para su firma o veto”.
Incluso se radicó un proyecto en la Cámara, presentado por el representante Ángel Morey Noble, para posponer la vigencia del plan hasta el año 2026, pero la medida no fue atendida a tiempo.
Ante esto, el analista añadió que no había ni forma de solo tomar ciertas partes del Plan para así aplicarlo paulatinamente. “La ley no permite…se considera el plan completo. No dispone de que tú puedas coger partes del plan. Se aprueba el plan o no se aprueba”.
Por su parte, el ingeniero ambiental y uno de los tres miembros científicos activos del Comité de Expertos y Asesores Carl Axel Soderberg sostuvo que aún no se les ha confirmado ni notificado oficialmente sobre la aprobación automática.
“Al momento ninguno de los tres miembros técnicos o científicos hemos recibido algo oficial, ya sea de la legislatura o del ejecutivo o recursos naturales en algún lado que diga, mira, esto fue lo que pasó”, señaló.
Detalló, además, que si la gobernadora decide aprobar el plan, espera que utilice como referencia los estudios técnicos y económicos que se incluyeron para fundamentar su viabilidad.
“Ese estudio, que fue bien conservador, indicó que para mitad del siglo el Producto Bruto Interno iba a reducirse por 380 millones de dólares, y que el costo de daño y destrucción a infraestructuras críticas sobrepasaba el trillón de dólares”, explicó Soderberg.
Añadió que incluso la Oficina de Presupuestos de la Legislatura (OPAL) concluyó que “por cada dólar que se invierte en adaptación y resiliencia, se obtiene un beneficio de seis dólares”.
Subrayó que estos análisis fueron entregados a la Asamblea Legislativa en septiembre de 2024, y espera que “sean utilizados por la gobernadora en su proceso de decisión”.
“Se hizo con mucho esfuerzo, con muy buena voluntad, se llevó a vistas públicas, que la ley no lo requería, pero nosotros insistimos a los cuatro puntos, y fue tanto las vistas públicas presenciales como virtuales”, dijo.
Durante el programa televisivo Jugando Pelota Dura, Jorge Colberg también advirtió que uno de los mayores desafíos del plan está en su segundo tomo, donde se detallan las estrategias de ejecución y financiamiento. A su juicio, fue un error asignarle esa responsabilidad al Comité de Expertos.
“Yo pienso, personalmente, que fue un error en su origen porque le impuso a los científicos y académicos la responsabilidad de buscar los fondos cuando a eso no le corresponde a ellos, le corresponde a la agencia de gobierno y al Departamento de Hacienda, o a la Agencia de Presupuestos”, manifestó.
Aunque reconoció que los integrantes del Comité hicieron su mejor esfuerzo, recalcó que “realmente no eran talleres” y que tanto la pasada como la actual administración no atendieron ese asunto desde el Ejecutivo.
“Nosotros contratamos a una empresa de economistas para que nos ayudaran en ese sentido, porque ninguno de los miembros científicos era economista”, explicó Soderberg.
Aunque reconoce que algunas áreas presentaban dificultades para calcular costos exactos, aseguró que se entregó un análisis completo a la Legislatura en septiembre de 2024.
Según Colberg, hay margen para enmiendas posteriores, pero no para detener el proceso. “Lo más sensato me parece a mí que sería hacer una reunión con las diferentes delegaciones o con diferentes grupos o personas que puedan colaborar con buscar algún tipo de alternativa que permita que todo lo que se pueda implantar en la política pública que no sea controversial y que sea viable, se pueda ejecutar”.
¿Qué es la Ley 33-2019?
La Ley Núm. 33-2019, firmada en mayo de 2019, establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico para enfrentar el cambio climático.
Crea el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, ordena la elaboración de un plan sectorial para mitigar, adaptarse y fortalecer la resiliencia ante los impactos climáticos, y fija metas como reducir en 50 % las emisiones de gases de efecto invernadero en cinco años, eliminar el uso del carbón como fuente energética antes de 2028, e integrar el cambio climático al currículo escolar.
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