La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, reaccionó este lunes a la advertencia que lanzó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI en San Juan) de procesar federalmente a los ciudadanos que intervengan en operativos migratorios que se llevan a cabo en la Isla.
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“La ACLU de Puerto Rico está dando seguimiento a las expresiones de Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), sobre posibles acciones criminales contra personas que son testigos de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, comenzó diciendo la licenciada.
Continuó: “Para la ACLU es importante recordarle a la ciudadanía que la libertad de expresión es un derecho protegido, tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la de Puerto Rico. Esto incluye las expresiones verbales y acciones tales como grabar las intervenciones de agentes del orden público, acciones legítimas que no constituyen delito. Además, una detención sin orden de arresto u orden judicial firmada por un juez es en principio ilegal”.
Fue ayer que González acudió a las plataformas digitales del ICE-HSI en San Juan para lanzar la advertencia.
“Continuamos ejecutando la orden presidencial para hacer cumplir las leyes de inmigración. Los ciudadanos que interfieran con nuestro trabajo, y pongan a nuestros agentes en peligro van a ser procesados criminalmente”, plasmó en la cuenta de X (antes conocido como Twitter).
Las expresiones surgen luego de un video publicado en las redes sociales donde se puede ver a agentes de diversas dependencias federales deteniendo a un ciudadano en la urbanización Baldrich en Hato Rey, mientras que ciudadanos graban y denuncian los hechos.
“Esto está bien mal. Son unos puercos (y) unos traidores“, comenzó diciendo el hombre que grabó las imágenes.
”Mi hermano, estamos con ustedes. ¿Necesitas representación (legal)? ¿Necesitas que llamemos a alguien?“, agregó.
De la misma forma, los miembros de la comunidad exigieron una explicación por parte de las autoridades.
El trabajador detenido se identificó como Roberto Contreras, y labora para la empresa RPL Contractors LLC.
“Son unos abusadores”, sostuvo Contreras antes de ser subido a la patrulla por los agentes federales.
Durante la presidencia de Donald Trump, los arrestos de migrantes han incrementado como resultado de una serie de órdenes ejecutivas que endurecieron la política migratoria de Estados Unidos.
Las medidas autorizaron a agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a realizar operativos más intensos. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que muchos de estos arrestos se realizan sin una evaluación adecuada del historial de los detenidos.
Según reportó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), hasta el 5 de junio de 2025, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) había detenido a 552 migrantes en Puerto Rico, en su mayoría de nacionalidad dominicana.