Puerto Rico enfrenta una alarmante crisis poblacional, según el Informe Económico al Gobernador de la Junta de Planificación. Conforme a informes recientes, entre 2020 y 2023, la isla perdió un 2.4 % de su población, equivalente a 80,000 habitantes. En 2024, la disminución continuó, aunque más leve, con una caída del 0.02 % respecto a 2023. Municipios como Guánica (-2.3 %), Loíza (-1.1 %) y Guayama (-1.1 %) lideraron las pérdidas porcentuales, evidenciando una tendencia que pone en riesgo la sostenibilidad económica y fiscal de la isla.
La reducción poblacional, impulsada por más defunciones que nacimientos y la emigración neta, tiene graves consecuencias. Una población menor en edad productiva reduce la fuerza laboral, debilitando la productividad y la base contributiva. Esto complica el cumplimiento de las obligaciones de Puerto Rico en la reestructuración de su deuda, al limitar los ingresos fiscales necesarios para financiar acuerdos financieros y servicios públicos. Aunque la migración neta mejoró levemente en 2024, con 4.7 personas por cada mil habitantes regresando, el panorama sigue siendo crítico.
Aun así, hay esperanza: 43 municipios, como Guaynabo, Bayamón y Arecibo, registraron aumentos poblacionales en 2024. Esto sugiere que políticas públicas bien diseñadas pueden revertir la tendencia. Incentivos fiscales para repatriados, inversión en sectores como la tecnología y mejoras en infraestructura y vivienda asequible son esenciales para frenar la emigración y atraer a la diáspora. Fortalecer la educación y la calidad de vida también puede hacer de Puerto Rico un destino atractivo para quienes se han ido.
El gobierno, el sector privado y la sociedad civil deben unirse en un plan estratégico para estabilizar la población y fomentar el retorno. La pérdida de habitantes no es solo una cifra; es una amenaza al futuro económico y social de la isla. Actuar con urgencia es crucial para construir un Puerto Rico próspero y resiliente.